La reordenación del sector público enfrenta a los sindicatos

Los sindicatos UGT y CCOO firmarán hoy un acuerdo con la Consejería de Hacienda y Administración Pública para subsanar algunos aspectos del decreto de reordenación del sector público andaluz. El secretario general de UGT Huelva, Jorge Puente, indicó ayer en rueda de prensa que así "se ha puesto de nuevo en valor el diálogo social y la posibilidad de un consenso al rectificar un decreto que ya está aprobado".

Junto a Puente, la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato, Marisa Fernández, expresó "el esfuerzo que UGT ha invertido en las negociaciones ha valido la pena" y mantuvo que la postura de otros sindicatos "no hacen más que perjudicar a los trabajadores, generando confusión". Con el preacuerdo, "ningún trabajador de la Junta de Andalucía ni de sus entes instrumentales va a perder ni uno de sus derechos consolidados".

De este modo, todo el personal se regirá por el Estatuto Básico del Empleado Público; el personal laboral y funcionario que se tenga que integrar en las agencias, "lo hará siempre de manera voluntaria, y el modelo de contrato y condiciones laborales se negociará con las organizaciones sindicales y se recogerán en el protocolo de integración"; el protocolo de integración del personal de las agencias públicas "será objeto de negociación con las organizaciones sindicales más representativas". Además, cualquier reordenación futura que plantee el Gobierno de la Junta de Andalucía "deberá ser consensuada por las partes que firman el acuerdo".

El preacuerdo también contempla que cualquier trabajador que se integre en una agencia "partirá mínimamente de las condiciones pactadas en el convenio colectivo que está en vigor actualmente, y éste será el punto de partida para la negociación de un nuevo convenio". Asimismo, "el tiempo trabajado en esa agencia se contará en antigüedad y en méritos cuando concurse para la provisión de puestos de trabajo en la Junta de Andalucía".

La Agencia del Agua se integra en la Consejería de Medio Ambiente, la cual adaptará su relación de puestos de trabajo para adaptase a esta circunstancia. Junto con el protocolo único de integración, la Administración entregará a las organizaciones sindicales listado efectivo de las personas afectadas por la reordenación y el mapa de puesto susceptibles de integrarse en las agencias. Se garantizará, indicó UGT, igualmente la participación en todas las convocatorias de concursos de traslados, promoción y promoción cruzada que se convoquen en la Junta.

Sin embargo, esta actuación de CCOO y UGT se ha topado con la oposición frontal del resto de fuerzas sindicales, que no están dispuestas a negociar el decreto.

El sindicato CSIF, como primera fuerza en la función pública onubense, deslegitimó el preacuerdo, ya que "estas organizaciones y la Administración están mercadeando una vez más con las condiciones laborales y el futuro de los empleados públicos, desoyendo la petición de CSI-F y de los propios trabajadores, que abogan por la derogación del decretazo en su totalidad". Este pacto ha sido adoptado "a espaldas de los empleados y por aquellas centrales sindicales menos representativas entre los trabajadores públicos andaluces".

Por ello, CSIF reiteró que "seguiremos adelante con la batería de medidas judiciales contra el decretazo propugnando únicamente su retirada pues, de lo contrario, se materializará la consolidación y el blanqueo de la administración paralela de la Junta de Andalucía".

El sindicato mayoritario aseguró que solicitó oficialmente el texto del preacuerdo, pero que le fue denegado, y que uno vez lo tuivo gracias a una filtración pudo confirmar que "ninguno" de los numerosos aspectos conflictivos y objeto de litigio ha sido corregido.

"Está en juego una prestación de servicios a la ciudadanía en condiciones de objetividad e imparcialidad, como sanciones, expropiaciones, subvenciones o tutela de menores, que recaerían en manos de trabajadores sujetos a una discrecionalidad política que respondería a intereses o presiones partidistas", insistió Antonio Tur Cañavate, presidente del sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF en Huelva. Recordó que una de las cuestiones más preocupantes del Decreto es el "tremendo poder que se otorga al Consejo de Gobierno para modificar la tipología y las funciones atribuidas a las agencias", que se crearán para aglutinar a los "enchufados de las empresas externas".

En la misma línea, la secretaria de Acción Sindical de Ustea, Rocío Luna, lamentó que el decreto "se haya fraguado en el Acuerdo de Concertación Social y UGT y CCOO han sido artífices de esta reorganización, donde la Administración se ha limitado a negociar con estos sindicatos", tras lo que indicó que los cambios en el Decreto "se han acometido con nocturnidad y alevosía".