La reivindicación constante de la apertura de la ETSI
La UHU precisa de 7 millones de euros para poner en activo el edificio del Carmen
El rector ha hecho de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías (ETSI) una de sus principales banderas reivindicativas. El proyecto de trasladar a 3.000 estudiantes desde La Rábida a la capital se ha hecho realidad solo a medias. El edificio en El Carmen lleva años terminado pero necesita de 7 millones de euros que la Junta debe desembolsar para que esa edificación albergue laboratorios y despachos, en otras palabras, que pueda ser utilizado.
La Universidad de Huelva no está dispuesta a que esa más que notable suma tenga que salir de las arcas de la propia Universidad y confía en que sea la Administración autonómica la que asuma el gasto. Se trata de una reclamación de más de dos años que aún no ha recibido una respuesta concreta por parte de la Junta.
Lo más importante de todo es que de ello depende poner punto final al traslado de ese colectivo universitario tan numeroso. Un traslado que en el presente curso, tiene carácter provisional ya que tan solo se imparte en El Carmen, la parte teórica de manera que los viajes a La Rábida no han terminado para profesores ni alumnos. Para que los alumnos de las ingenierías puedan recibir clase se habilitó el junio de 2016, el Aulario José Isidoro Morales que, a su vez, había permanecido cerrado durante varios años.
Esta apertura fue posible gracias a la provisión de fondos propios de la Onubense.
Desde el rectorado se subraya ese carácter provisional de lo que se está viviendo en el curso actual. La situación podría ser contraproducente de dilatarse durante más tiempo.
Judicializado el conflicto de los empleados del Capítulo 6
El conflicto de los trabajadores del Capítulo 6 ha acompañado a Francisco Ruiz durante sus ya cerca de cuatro años como máximo responsable del rectorado de la UHU. 2016 concluyó con anuncios de paros de este colectivo que han llevado a los juzgados su situación laboral, haciéndose algo parecido desde la propia UHU. Desde el rectorado se sostiene que se trata de unos contratos que deberían estar vinculados a una obra o servicio concreto con una duración determinada. En la casi totalidad de los casos ya no existe ese servicio que los justificaba. Las sentencias dictadas han dicho que se trata de despidos improcedentes. La UHU no obstante acometió la revisión de oficio del origen de esos contratos, llevándose el tema al Consejo Consultivo. Más de cuarenta resoluciones de este órgano han señalado que esos contratos son nulos de origen, si bien los trabajadores han recurrido por su parte, por la vía del contencioso-administrativo dichas resoluciones. Desde el colectivo de trabajadores, constituido como asociación sindical, se esgrime que lo que hizo la Onubense fue en realidad proceder a un ERE encubierto.
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