Romper un matrimonio en los juzgados se ha convertido en un bien de lujo que no todos se pueden permitir. De hecho, el crecimiento de las separaciones y divorcios suele estar vinculado directamente -aunque hay casos y casos- con la recuperación económica. La estadística de Demandas presentadas de nulidades, separaciones y divorcios, publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y analizada por Huelva Información, lo deja claro: nuestra provincia cerró el pasado año con 1.295 rupturas conyugales, 190 más que en 2016, lo que significó un incremento del 17,2%. El propio magistrado de refuerzo del Juzgado de Familia de Huelva, Andrés Bodega, indica que "la impresión que tengo es que la gente se divorcia más cuando tiene dinero que cuando no, pero no es ninguna pericia".

Los órganos judiciales onubenses con competencias en familia registraron la entrada de 1.233 demandas de divorcio en 2017, un 17% más que un año antes, y 62 de separación, un 21,6% más.

En estos casos la mediación está sirviendo para poco, según los abogados"

Si fijamos la vista en los primeros, los más cuantiosos, se observa que fueron más significativos en el primer trimestre del año pasado, cuando se contabilizaron 346, mientras que el cuarto trimestre acabó con 290. Según consta en la estadística, seis de cada diez demandas de divorcio presentadas (718) fueron no consensuadas, sin previo acuerdo de los cónyuges.

Cuando los dos miembros de la pareja están de acuerdo tanto en la decisión de terminar su relación como en las decisiones que vendrán después, se llega a un divorcio de mutuo acuerdo, más rápido y más económico que los contenciosos, ya que no hay peleas entre ellos. En Huelva fueron 515 el año pasado, el 41,7% del total.

Andrés Bodega explica a este diario que "hay dos tipos de consenso: el inicial, en que las partes vienen con su convenio ya firmado que meramente se ratifica y prácticamente es una rutina automática", en la que el juzgado no interviene en exceso, "y luego están aquellos que se reconducen al convenio una vez que ya se ha entrado en controversia", que también son un alto porcentaje.

Es decir, que la beligerancia no suele perdurar y son pocos los que tienen origen contencioso que llegan al recurso ante la Audiencia Provincial. "Entre los que ya vienen de mutuo acuerdo y aquellos a los que los abogados los consiguen hacer llegar a un pacto durante el proceso o en la misma vista, creo que deben rondar el 90% o más".

En opinión del magistrado, "la discusión cada vez es menor" y la mediación judicial, al menos en estos casos, "está sirviendo para poco, según me dicen los abogados". Bodega cree que son muchos más efectivos los propios letrados de las partes litigantes, que "intentan y consiguen que las familias arreglen por sí solas sus asuntos, en perjuicio muchas veces del despacho, porque para ellos tampoco son litigios agradables".

En el caso de las separaciones, 37 de ellas fueron inicialmente consensuadas y las 25 restantes, contenciosas. "La gente se conforma con la solución que se les ofrece o han llegado a un acuerdo en el juicio y ya no pueden recurrir; cuando llegué a este juzgado en 2013 había unos pleitos de divorcio malísimos, no había manera y eso va a menos", observa el juez de refuerzo en Familia.

Aunque los datos del Consejo del Poder Judicial no permiten la comparativa interanual en materia de la guardia y custodia de los hijos no matrimoniales, el año pasado tocó a su fin con 694 peticiones de este tipo. "En este caso la pareja no está casada, pero esto es prácticamente igual que un divorcio", señala Bodega. La diferencia es mínima y es también un buen indicativo de las rupturas de pareja en la provincia onubense. De estas peticiones, el grueso (523) no contaba con el beneplácito de alguno de los miembros del noviazgo.

Algo similar ocurre en las modificaciones de medidas. Tampoco se puede establecer una confrontación interanual de datos, pero fueron 485 en 2017, "un número bastante elevado" que suele tener que ver con la imposibilidad de alguno de los padres de afrontar los gastos de manutención de los hijos por un cambio en su situación laboral, por ejemplo. El 85% de ellas es contencioso.