El ejercicio 2016 ha sido un buen año para la inversión de las administraciones públicas en Huelva. La inestabilidad política que planeó sobre buena parte del ejercicio, hasta la constitución del Gobierno en octubre, ha pasado de largo en un año en el que la provincia onubense, junto con Málaga, han sido las dos únicas donde se ha gastado más dinero el año pasado que el anterior. En cualquiera de los casos, la comparación con los números que se registraban en los ejercicios de antes de la crisis, dejan a 2016 como el tercero peor de toda la serie histórica; sólo los años 2015 y 2012 arrojan una inversión menor que la que cerró 2016, que se queda muy lejos de la contabilizada en 2009, cuando las administraciones central, autonómica y local invirtieron en Huelva más de 412 millones.

Tampoco en números absolutos el dinero que se ha movido en Huelva permite ser demasiado optimista, ya que únicamente Jaén presenta unas cifras peores. Por ponerlo en su contexto, las administraciones han licitado obras en Málaga por valor cuatro veces superior a las de Huelva.

Según los datos del Observatorio de la Construcción de la patronal Seopan, en Huelva se gastaron en el último ejercicio poco más de 62 millones de euros, lo que supone un aumento del 25,91% respecto a 2015, cuando ese montante fue de apenas 49,37 millones de euros, el más bajo desde que existen datos.

Para analizar la espectacular caída de la obra pública en la provincia, irreconocible si se tiene en cuenta que en los últimos cinco ejercicios se invirtieron 375,56 millones de euros -menos que en 2009 o 2008- hay que analizar los datos de años anteriores y se concluye que en este apartado la inversión es un 65% más baja que hace cinco años. O lo que es lo mismo, en el periodo 2011, las administraciones públicas destinaron a contratos para infraestructuras 177,74 millones de euros, por los poco más de 62 que se han desembolsado en el pasado ejercicio.

En cuanto al reparto de esos fondos, llama la atención que el 47% del dinero dirigido a obra pública en la provincia lo invirtiera el Gobierno central a través de sus diversas entidades públicas, aunque es igualmente destacable que encadenan tres años consecutivos de bajadas. Mientras tanto las administraciones locales (los ayuntamientos y la Diputación) invirtieron el año pasado 19,48 millones de euros, lo que supone 31,33% del total; en este caso, el incremento en la inversión durante el pasado ejercicio es espectacular respecto a lo que se registraba apenas un año antes, cuando en 2015 apenas se licitó por valor de 4,11 millones de euros, es decir, 4,7 veces menos. La Junta de Andalucía es la última de las administraciones en poner dinero para licitar nuevas infraestructuras; los apenas 13,45 millones significan el 21,64% del total anual en la provincia y encadena su tercer año consecutivo de descenso. De hecho, el Ejecutivo autonómico destinó a la provincia de Huelva el año pasado tres veces menos dinero que en el año 2014.

Aunque es cierto que atrás quedan los años de bonanza y de apuestas importantes en materia de infraestructuras -sobre todo por la construcción del AVE- la provincia de Huelva parece que ha entrado en una espiral en la que la obra pública está en situación de estancamiento después de la brutal caída que supuso el año 2012 y más aún desde el referido 2009, cuando ésta alcanzó niveles que serán complicados de volver a repetir. No obstante, el quinquenio anterior vivió la época dorada de la construcción en la provincia, con niveles por encima de los 300 millones anuales.

Por el momento, la ejecución de grandes infraestructuras en la provincia es poco más que simbólica, aunque sí están en marcha algunos proyectos de relevancia. Uno de ellos es la ejecución de la estación del AVE, que en la última visita realizada por el delegado del Gobierno en Andalucía se anunció que estaba al 50% de su construcción. Otra cosa será la llegada del propio tren de Alta Velocidad, algo todavía más alejado de las previsiones. Las del Archivo Provincial, también parecen de las pocas aún en marcha. Con los presupuestos de la Diputación aprobados, que contemplan una inversión de 9 millones de euros -falta saber qué ocurre con los del Ayuntamiento tras el recurso del Gobierno-, y con los de la Junta, en los que destacan las rehabilitaciones de los edificios del Banco de España y Hacienda como dotaciones de obra pública principales y todavía sin noticias acerca de los Presupuestos Generales del Estado, donde es más que previsible que se incluyan las partidas más importantes de desarrollo de infraestructuras, aún es pronto para augurar el rumbo que las nuevas licitaciones tendrán para este año. En cualquier caso, lo tienen muy sencillo para ser mejores.