Huelva

Hasta 86 profesionales sanitarios fueron agredidos en Huelva el año pasado

  • Es la tercera más baja de entre todas las provincias andaluzas

Concentración de personal sanitario en el centro de salud de Adoratrices en protesta por las agresiones sufridas. Concentración de personal sanitario en el centro de salud de Adoratrices en protesta por las agresiones sufridas.

Concentración de personal sanitario en el centro de salud de Adoratrices en protesta por las agresiones sufridas. / Josué Correa (Huelva)

Las agresiones a profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Huelva se redujeron, en 2020, en un 33% respecto al año anterior, con 84 frente a las 126 contabilizadas en 2019. La reducción es mayor que la contabilizada en la comunidad autónoma que fue de un 30,8%, al pasar de 1.507 a 1.042.

De las 1.042 agresiones, 733 fueron sufridas por mujeres (74%) y 309 por hombres, según ha informado la Junta, que cita que la mayoría de agresiones se concentran en el personal sanitario, con un 80% del total, y de las agresiones registradas, 176 fueron físicas y 866 no físicas.

Respecto a 2019, se produce un descenso de agresiones en todas las provincias, con Sevilla con 279 agresiones frente a las 388 de 2019; en Málaga, 186 frente a 323; en Cádiz, 140 frente a 202; en Córdoba, 114 frente a 145; en Jaén, 90 frente a 122; en Granada, 79 frente a 114 y, en Almería, 70 frente a 87. En 2020, los letrados del SAS han realizado un total de 198 asistencias letradas, y en 2019 se realizaron 232.

La Consejería de Salud y Familias continúa trabajando en el desarrollo de las líneas estratégicas del nuevo Plan de Prevención y Atención de agresiones para los profesionales de sistema sanitario público andaluz que ha incorporado como novedad la creación de una nueva figura: el profesional guía frente a agresiones.

Este profesional tiene una doble función, por un lado, ayudar en la prevención de agresiones a través de la identificación de situaciones conflictivas con carácter preventivo y derivando al educador o trabajador social a aquellas personas con un potencial alto de conflictividad, organizando además actuaciones dirigidas a profesionales, usuarios y familiares.

Por otro lado, persigue mejorar la atención que se presta a los trabajadores que hayan sufrido una agresión y los acompañará facilitando los trámites posteriores, apoyándolos y asesorando acerca del procedimiento completo

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