El juez procesa a Eduardo Muñoz y a los seis jefes y funcionarios de Empleo

La Fiscalía podrá actuar por los presuntos delitos de prevaricación y malversación

Eduardo Muñoz, ante los juzgados, tras ser citado el 29 de junio pasado.
Eduardo Muñoz, ante los juzgados, tras ser citado el 29 de junio pasado.
Javier Ronchel Huelva

27 de julio 2016 - 01:00

Quiso la casualidad que el martes 19 de julio quede como un día clave para el desarrollo de las investigaciones por los cursos de formación. Al mismo tiempo que el Tribunal de Cuentas resolvía en un acta de liquidación la falta de menoscabo de fondos públicos, incluido el rechazo al informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, la Audiencia Provincial de Huelva emitió un auto de procesamiento contra el exdelegado provincial de Empleo, Eduardo Muñoz, y los otros seis cargos y funcionarios de la Delegación onubense, involucrados en la gestión de las subvenciones a los cursos en Huelva. Se aprecia en todos ellos los presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, y se da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares personadas para que formulen sus escritos de acusación para la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.

En el escrito del juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, al que ha tenido acceso este periódico, se realiza un pormenorizado relato de la investigación realizada, considerando la existencia de "suficientes indicios de delito en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente de personas desempleadas".

Eduardo Muñoz está procesado como director del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, y le acompañan como imputados por los dos mismos presuntos delitos el secretario general de Empleo, el jefe de servicio de Formación para el Empleo, el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua, los dos técnicos de la Comisión de Valoración de los cursos y la persona encargada directamente de la justificación económica de las subvenciones concedidas.

La Fiscalía dispone de diez días desde la recepción del auto, al igual que la acusación particular, para la elaboración de un escrito de acusación, en el que cabe la solicitud de apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa. No obstante, ya el auto judicial subraya la existencia de "un deficiente control previo a la concesión de las ayudas, del seguimiento de éstas, y la liquidación y justificación de las concedidas".

Fruto de la investigación policial realizada, y tras tomar declaración a numerosos testigos en las diligencias previas, entre ellos alumnos, personal de empresas beneficiarias y los propios procesados, el juez apunta directamente al jefe de servicios de Formación para el Empleo como quien ha "dirigido y supervisado, personal y directamente", "todo este sistema de funcionamiento de la concesión de subvenciones en materia de formación", controlando, según señala, "todas las facetas y etapas en la concesión de las subvenciones".

La misma persona fue la encargada de decidir los componentes de la Comisión de Valoración, relata el juez, remitiéndose a las declaraciones judiciales, con un control "mínimo, dado que bastaba una declaración jurada por parte del solicitante para estimar cumplido el requisito, sin realizar comprobación ulterior ninguna".

También habla de "multitud de irregularidades y deficiencias en cuanto al cumplimiento de la homologación necesaria para ser entidad beneficiaria de las subvenciones". Y se reitera la observación de "muchas deficiencias" también en el seguimiento de los cursos, una vez concedidas las ayudas.

Asegura el juez, en este sentido, que queda demostrado "el desinterés y la absoluta falta de control en el tema de la liquidación y justificación económica de los cursos, admitiendo como válida cualquier documentación presentada al respecto". De hecho se recoge cómo durante la instrucción se ha dado cuenta de la admisión de "facturas totalmente desproporcionadas en su contenido", entre otras irregularidades. "Si ya el control inicial para la concesión de las subvenciones era escaso, alcanzaba su culmen en el tema de la justificación", añade.

La firma de convenios y resoluciones por el secretario general de Empleo, en vez de por el director provincial, "llama la atención" del juez, que asegura "queda manifiesto" por distintas circunstancias que Eduardo Muñoz, como responsable máximo de la Delegación de Empleo en Huelva, "era conocedor de que el procedimiento de selección y baremación de entidades beneficiarias no se ha realizado acorde a la legalidad, y que conocía o podía conocer que se estaban asignando fondos públicos a entidades que no cumplían con los requisitos legalmente establecidos para ello".

El juez cree también "esencial" el informe especial sobre las subvenciones concedidas de 2009 a 2012 elaborado por el interventor provincial, al detectar irregularidades que hicieron "saltar la voz de alarma que permitió descubrir todo el funcionamiento de los cursos de formación y la desviación o malversación del dinero destinado a esta materia".

De hecho, al contrario del sentido del acta de liquidación del Tribunal de Cuentas, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva destaca la contundencia del informe al recoger que "la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos han ocasionado un menoscabo de los fondos públicos", según detalla, por, entre otras prácticas, "conceder y justificar subvenciones sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa reguladora" o por no "exigir el reintegro a las entidades beneficiarias por las cantidades percibidas y no justificadas adecuadamente".

Por ello, concluye la exposición, "todas estas irregularidades podrían ser causa, no ya de responsabilidad administrativa, como señala el interventor, sino de verdadera responsabilidad penal en el manejo de los fondos públicos".

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