Que el alza de los precios afectaría a la licitación de obras era una obviedad que tiene desde ahora, una cifra que la corrobora. En la provincia de Huelva, se han dejado sin adjudicar al menos seis actuaciones por valor de más de 1,5 millones de euros. De ellas, se han declarado desiertas, es decir, ninguna empresa acudió al correspondiente concurso público, cinco. Su valor fue de más de un millón de euros en la Administración local y 382.000 euros de aquellas obras puestas en marcha por el Gobierno central. A ellas hay que añadir otra por valor de 125.000 euros, en este caso del Ayuntamiento de Zalamea, que ha desistido en seguir adelante por el incremento de los costes de adjudicación. Se trata de cifras difundidas en un informe de la patronal Fadeco Contratistas al que ha tenido acceso Huelva Información.

El desglose de las obras comienza con la de adecuación de local como asistencial de Huelva de la empresa Ibermutua que estaba previsto licitar por 382.255 euros y que ha sido declarado como desierto. También lo fue la ejecución de las obras de rehabilitación integral de la biblioteca municipal dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible en Lepe, así como la mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las Áreas urbanas conforma al proyecto básico aprobado por la Junta de gobierno local celebrada con fecha 20 de abril de 2021 por un presupuesto de 456.157.

Asimismo, fue declarado desierto el contrato de obras para la aprobación del proyecto básico y ejecución de la primera fase del nuevo cementerio municipal de Lepe por un importe de 371.900 euros y las obras de intervención de dotación del itinerario paisajístico del Odiel El último de los proyectos declarados como desiertos, lo fue en la localidad de Zalamea la Real donde un Pliego de Cláusulas Administrativas quedó sin cubrir por un importe de 44.443 euros.

Por el momento, el único procedimiento que se ha desestimado para continuar su tramitación los las obras de prolongación del emisario de la plaza de la Sirena del Rompido en Cartaya por 125.354 euros. En total, todas ellas contabilizan un total de 1.565.529 euros.

El motivo de todas ellas, según informó Fadeco, ha sido debido al alza de los materiales de la construcción, algo que ha derivado en que quedaran sin adjudicar. Huelva, no obstante, es la menor de todas las provincias andaluzas en verse afectadas por este incremento de los costes, ya que en toda la comunidad autónoma han quedado desiertas, más de 100 obras por un valor de 93,8 millones de euros en Andalucía entre el 1 de enero de 2021 y junio de 2022.

Obras en una calle de la capital onubense.

Se trata de licitaciones desiertas que, según el secretario general de Fadeco  Contratistas, Jorge Fernández-Portillo, "no entran en las cuentas de las empresas -muchas de ellas pymes como las que constituyen el grueso del tejido empresarial de la provincia de Huelva- y tampoco permiten ejecutar mejoras en las infraestructuras". Los constructores critican el decreto del Gobierno del pasado 1 de marzo, no solo porque, afirman, llegó tarde sino porque solo contempla cuatro materiales -betún, aluminio, cobre y hierro- y no incluye las obras ya certificadas antes de la publicación del decreto, cuando la subida de precios ya era muy perceptible en la segunda mitad de 2021.

La Junta de Andalucía intentó corregir este decreto nacional con otra norma -publicada el 12 de abril- en la que todos los materiales eran objeto de revisión y sí acogía las obras certificadas en 2021. Los servicios jurídicos de la propia administración autonómica ya expresaron sus dudas por un posible conflicto de competencias con el decreto estatal y hace solo unos días el Gobierno planteó objeciones a la Consejería de Fomento y convocó una comisión bilateral para corregir el decreto andaluz.

Si no hay acuerdo, es posible que haya recurso ante el Constitucional. Este escenario está dejando a las empresas "en una situación límite", según el presidente de Fadeco  Contratistas, Rafael Sánchez Alcalá, ya que, según la patronal, la actitud del Gobierno crea inseguridad jurídica. Con el decreto de la Junta vigente, las empresas no se atreven a acudir a licitaciones sin saber cuáles serán los precios finales y también hay gran incertidumbre con las obras en ejecución.

El desarrollo de las obras está lastrado por el alza de los materiales.

Además, ayuntamientos y diputaciones que se habían adherido a la norma andaluza se están retrayendo en las licitaciones por culpa de este conflicto. "Y esto pasa justo en el momento en que estaban empezando a animarse porque deben ejecutar fondos europeos antes de 2023 o 2024 y se les acababa el tiempo", afirma Fernández-Portillo. Los constructores piden no esperar a septiembre -afirman que el Ministerio de Transportes ha convocado para esa fecha la comisión- y actuar ya.

Así resume la situación Juan Aguilera, presidente de la patronal Gaesco: "Se están paralizando multitud de obras, no hay empresas que acuden a las licitaciones. La actitud del Gobierno está lastrando el desarrollo de Andalucía y llevando a la ruina a muchas empresas, no solo de construcción sino también auxiliares. El escenario para los próximos meses será peor que el que ahora tenemos, y se requiere una actuación rápida y urgente. Mañana mismo se tienen que poner a trabajar en la conformación de una norma adecuada"