El policía enjuiciado niega que ganara dinero con los sobreprecios del taller

El subinspector del Servicio de Automoción de la Policía Nacional onubense F.J.O.B., acusado de falsedad documental y estafa por solicitar el incremento ficticio de varias facturas correspondientes a la reparación de vehículos policiales, defendió ayer su inocencia en la primera sesión de la vista oral que se sigue desde ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva. El mando reconoció ante el jurado popular -conformado por cuatro mujeres y cinco hombres- y el presidente del tribunal, Florentino Ruiz, que llegó a consensuar a finales de 2013 con el propietario de Talleres Vergara "un aumento de las horas de mano de obra". Al mismo tiempo, negó que lo hiciera para lucro personal, como mantiene el fiscal, sino para tener un remanente con el que hacer frente a las vicisitudes de la reparación de estos y otros materiales, esencialmente informáticos, de la unidad.

F.J.O.B. defendió su inocencia y concretó que las facturas "se pagaban conforme a lo acordado y la demasía conforme a las horas reales me las devolvía". El dinero en metálico que le entregaba el dueño del taller onubense lo reinvertía, afirmó, en la compra de tóner para la impresora que él mismo llevó a comisaría o en los arreglos necesarios para poner a punto un portátil de su propio hijo que aportó al Servicio de Automoción, que entonces sólo disponía "de un ordenador muy viejo y con el que no podíamos trabajar decentemente".

En el plenario participó en calidad de testigo el que hasta hace unas semanas fuera comisario de la Policía Nacional en Huelva, Antonio Placer, quien precisó que nunca tuvo conocimiento de que existiera precariedad de medios materiales en esa unidad: "Tenemos lo necesario para realizar el trabajo de forma eficaz", espetó por conferencia telefónica desde Zaragoza (adonde está destacado), ya que las vídeoconferencias previstas no se pudieron realizar por fallos en el sistema. Tanto es así que el propio presidente del tribunal pidió al jurado "disculpas por las deficiencias técnicas de algo que funciona en cualquier móvil y en cualquier tableta desde hace 20 años, pero así estamos en la Justicia".

Aunque en un primer momento no compareció en el juicio, el propietario de Talleres Vergara llegó a tiempo para declarar. Hay que recordar que el mecánico llegó a estar detenido e imputado en la causa, a pesar de que colaboró activamente con la Policía en la investigación que desembocó en la detención del subinspector encausado, permitiendo incluso que se pincharan teléfonos y se realizaran las grabaciones pertinentes. Es más, ayudó "decididamente en el descubrimiento" de los delitos, poniéndolo en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía a través de un agente amigo suyo y adscrito al Servicio de Automoción. Este discurrir del dueño del taller propició su trasvase de imputado a testigo, tal y como consta en el auto de la Sección Tercera que dio respuesta a su apelación y al que ha accedido este diario.

Existe un baile evidente sobre la supuesta cantidad que se pudo embolsar el subinspector mediante el sobreprecio aplicado a las facturas. La defensa, ejercida por Gustavo Arduán, señala que sólo fueron 264 euros; en el atestado policial, el montante asciende a 536 euros. El Ministerio Fiscal refiere en su escrito de acusación que fueron 476 euros. Y el propietario del taller indicó ayer en el plenario que fueron "trescientos y pico".

Este testigo detalló que el subinspector "me comentó que inflar las facturas era algo normal y me pedía algunas veces que le pusiera media o una horilla de más pero sólo en algunas: la media hora la facturamos a 12 euros y la hora a 24 euros; pensé que era tan insignificante que una persona se jugara el tipo por 24 euros que en principio no denuncié hasta que se lo conté a mi amigo".

El amigo del mecánico también explicó en la vista oral cómo puso en contacto al subinspector con éste y de qué forma, tras enterarse de la maniobra, informó a sus superiores para que tomaran cartas en el asunto. La defensa trató de desacreditar su relato enfocándolo hacia una supuesta enemistad previa entre mando y subordinado.

Hoy continuará el juicio con la declaración de más testigos y las conclusiones. El subinspector procesado se enfrenta a tres años de prisión y la inhabilitación para cargo y empleo público durante cuatro años y seis meses.