Más de 800 personas perciben el salario social en la provincia

El objetivo es favorecer su inserción social a través del Programa de Solidaridad de la Junta de Andalucía

S.h. / Huelva

21 de agosto 2011 - 01:00

Más de 800 personas en la provincia de Huelva han sido atendidas dentro del Programa de Solidaridad de la Junta y, por tanto, han percibido un salario social al objeto de favorecer "su inserción social". Así lo puso de manifiesto en una entrevista concedida a Europa Press la delegada provincial para la Igualdad y Bienestar Social, Carmen Lloret, quien explicó que dentro de este programa se realiza "un tratamiento personalizado".

De este modo, Lloret remarcó que con el salario social, se percibe el 62% del salario mínimo interprofesional -cifra que se incrementa un 8% por cada miembro de la unidad familiar no firmante de la prestación y por ello se puede alcanzar hasta el cien por cien del salario mínimo interprofesional-, ya que de lo que se trata es de que "puedan vivir y mantenerse".

Por ello, fluctúa el número de personas que perciben el salario social, ya que salvo en casos cronificados, el objetivo es que la persona logre mejorar su situación y por tanto, no necesite cobrar esta prestación, de la cual se puede beneficiar seis meses y una vez transcurridos otros seis meses de descanso, el usuario puede, si fuera necesario, solicitar de nuevo la prestación (para la cual no hay una limitación en el tiempo).

El Programa de Solidaridad es un instrumento de redistribución y reparto de riqueza para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de todos los andaluces y para que sea efectivo participan distintas áreas, como los servicios sanitarios, los servicios sociales comunitarios, o distintas administraciones públicas, como la Educación, Empleo, Gobernación, la Diputación o los ayuntamientos, entre otras.

De otro lado, Lloret descartó que el hecho de que haya un incremento del paro signifique un alza de las personas que soliciten esta ayuda.

Así, la delegada precisó que "no necesariamente tiene que haber una causa-efecto" entre la crisis y las solicitudes para acceder a la prestación. Lloret, delegada desde el año 2007 -justo antes del comienzo de la crisis-, aseguró que "no ha notado un incremento en exceso por encima de la media", ya que se registra "una evolución muy normalizada" del número de personas que se atiende.

En esta línea, precisó que con la actual coyuntura económica y con el aumento del desempleo, no se ha producido un alza en este programa porque "las personas que se quedan en paro, pasan a cobrar la prestación por desempleo, tienen muchas vías de salida a través de la Delegación de Empleo", mientras que las que terminan en este programa, "son personas que tienen unas circunstancias especiales y añadidas a lo que es el paro".

Los beneficiarios tienen un perfil muy diverso. Pueden ser personas que viven solas, personas que han tenido una situación de drogodependencia o desempleados de larga duración, entre otros. No obstante, "no se trata de darles una cuantía económica sin más sino de que tengan un compromiso de inserción, no solo laboral sino también social". Por ejemplo, el drogodependiente debe tener la voluntad de rehabilitarse o el desempleado de buscar empleo.

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