Seis personas han sido condenadas a penas de hasta dos años y 10 meses de prisión consideradas miembros de una banda organizada que se dedicaba a la provisión, distribución y venta de droga al por menor en la Sierra de Huelva.

La Audiencia Provincial de Huelva ha sentenciado que considera a estas seis personas responsables de un delito contra la salud pública de sustancia que causa un grave daño a la salud, imponiendo a tres de ellas la pena de dos años y 10 meses de prisión y el pago de una multa de 25.000 euros; y a los otros tres a un año y 10 meses de prisión y multa de 14.500 euros. A estos tres últimos se les ha concedido la suspensión de la pena por un plazo de dos años que se condiciona a la no comisión de un nuevo hecho delictivo en este tiempo. 

En la sentencia se considera probado que agentes del Equipo Territorial de la Policía Judicial de Aracena en unión del equipo de Guardia Civil de Cortegana, tuvieron información de que un matrimonio, se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, -cocaína, hachís y heroína- por la zona de Cortegana, reactivándose dicha actividad cuando el marido disfrutaba de permisos penitenciarios.

Por ello, a finales de 2016 y principios de 2017 se inició una serie de investigaciones, en el marco de las cuales se interesó autorización judicial para la intervención, escucha y grabación de los teléfonos de los implicados, usados por el matrimonio, llevándoles a descubrir que había más personas involucradas en la actividad ilícita.

Una de ellas, que contactaba casi a diario con los acusados y que tenía residencia en Huévar del Aljarafe (Sevilla), se encargaba de proveerlos de cocaína y heroína; otra realizaba labores de transportista de la droga y vigilancia del domicilio de los acusados de los que era vecino, y una tercera, hermana y cuñada de los acusados, colaboraba con ellos realizando entregas de droga a toxicómanos  cuando aquéllos no se encontraban en el domicilio, ponía en contacto a compradores de sustancias estupefacientes y efectuaba labores de vigilancia. Por último, una cuarta persona colaboraba con los anteriores también como proveedor.

Como consecuencia de lo anterior se solicitó autorización judicial para entrada y registro del domicilio del matrimonio y de otros tres acusados, interviniéndose distintas cantidades de drogas, útiles relacionados con su tráfico, dinero en metálico y distintos vehículos y teléfonos móviles.