El fiscal Alberto Campomanes lleva desde el pasado año la batuta de la sección contra la Criminalidad Informática del Ministerio Público en Huelva, pero tiene ya una dilatada experiencia en este área y también en la de Menores, lo que dota de gran relevancia cada una de sus manifestaciones sobre los riesgos de internet para nuestros niños. Fue ayer uno de los ponentes en las jornadas formativas sobre los riesgos de las nuevas tecnologías dirigidas a profesionales de Asuntos Sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Tanto la Fiscalía como la Guardia Civil y la Policía Nacional combaten los ciberdelitos con todas las de la ley, "pero es importante que este tipo de temas se traten y que exista una concienciación no sólo en los centros educativos, sino sobre todo y también en las casas". Porque, a través de los dispositivos informáticos -móviles incluidos-, "los pedófilos vienen a nuestras casas y a nuestros colegios a buscar a nuestros niños". Y es más, detalla Campomanes, "la pornografía infantil circula por internet con una facilidad enorme, las redes sociales se convierten muchas veces en ese barrio malo, oscuro y peligroso de los que ya, por suerte, van quedando menos en nuestras ciudades".

La facilidad que tienen nuestros menores para exponer su intimidad en internet me asusta"

Ante este escenario, los padres deben replantearse "hasta qué punto es conveniente que nuestros menores tengan a su disposición -el cien por cien del tiempo- determinados dispositivos o que tengan un acceso completamente libre a determinados recursos que nos ofrece internet". El fiscal evidencia que si uno quiere tener localizado a su hijo de ocho años, no es necesario que haga uso de un teléfono inteligente y con una conexión de datos completa. No quiere esto decir que los niños no tengan que adaptarse a las nuevas tecnologías e internet, fundamentales en el mundo de hoy, "pero tiene que ser algo gradual y, sobre todo, supervisado y tutorizado". Reconoce Campomanes que "no es fácil, pero es una responsabilidad de los padres saber medirlo".

Los riesgos de la Red de redes constituyen, para los menores de edad, un verdadero "problema" que hay que afrontar con la entidad que tiene, del mismo modo que "no se nos ocurriría darle armas a nuestros hijos menores; y esto no es un arma, pero casi".

Cree, y ya no habla únicamente de niños y adolescentes, que todos los ciudadanos "tenemos que ser un poco más celosos de nuestra información, de nuestra vida, y seleccionar un poco mejor qué es lo que damos a conocer a los demás".

Del trabajo de Campomanes en el Ministerio Público hay que distinguir dos facetas: la de fiscal de Menores, desde donde se abordan los delitos cometidos por los adolescentes; y la de fiscal contra la Criminalidad Informática, donde los chavales son las víctimas.

Cuando son ellos los autores de delitos, los que mayor incidencia tienen en la Justicia onubense son los relacionados "con las redes sociales de amenazas, de coacciones; y luego muchos delitos contra la intimidad". Aquí irrumpe con fuerza un término anglosajón, el sexting, que no es más que "la difusión de fotografías íntimas que los propios menores envían de una manera más o menos voluntaria y que finalmente acaban teniendo repercusión: o las acaba viendo todo el mundo en el instituto, o en el pueblo o en el barrio; la facilidad que tienen nuestros menores hoy para exponer sus intimidades en internet a mí me asusta".

Desde la perspectiva del niño como víctima comparecen en los tribunales onubenses delitos relacionados, sobre todo, con la pornografía infantil y también con el sexting, aunque en esta ocasión es un adulto el que solicita al menor las imágenes comprometidas. El modus operandi de estos "depredadores", según el fiscal, es el de introducir en las redes sociales asuntos de interés para los chicos como cebo, de modo que consiguen "acercarse a ellos, haciéndose pasar a veces por otro menor, para poco a poco ir entablando contacto y llegar a conseguir sus propósitos sexuales a costa de ellos".

Durante la conferencia que ofreció ayer, Campomanes manifestó que "cada semana tenemos tres o cuatro peticiones de los juzgados para requerir información sobre redes sociales o IP de ordenadores por lo que conocemos como child grooming, el acecho o embaucamiento". Citó en este punto un caso reciente, el de un concurso ficticio de entradas para un concierto de Gemeliers realizado a través de Twitter "con el que el autor fue poniendo pruebas a los niños hasta conseguir las fotos de ellos que necesitaba".

Los delitos cibernéticos no son un asunto baladí y tienen gran impacto en la actividad judicial onubense: "A diario nos llegan peticiones e informes de los juzgados porque esta clase de delitos no son algo aislado o esporádico, al contrario de lo que pudiera pensarse, son algo muy habitual".