Más de 5.400 onubenses piden que se les reconozca una discapacidad

El centro de valoración y orientación de personas con discapacidad de la provincia de Huelva, dependiente de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, ha atendido en 2012 un total de 5.499 solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad en una persona.

De ellas, 2.625 fueron nuevos expedientes, mientras que el resto -2.874- correspondieron a revisiones para su actualización en ciudadanos que ya tenían reconocida con anterioridad una discapacidad. En lo que va de año, estas cifras ascienden a 1.735 y 1.372, respectivamente.

Actualmente, según informó ayer la administración regional en un comunicado, en Huelva hay ya 34.264 personas con una discapacidad igual o superior al 33%, límite que marca la ley a partir del cual se determina esta consideración.

El delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, visitó en la jornada de ayer, acompañado por la delegada territorial del ramo, Lourdes Martín, las instalaciones del centro, cuyas principales funciones son detectar, informar y asesorar a las personas con discapacidad en la provincia, así como emitir dictámenes técnicos facultativos para beneficiarse de aquellas medidas de protección social vigentes para el colectivo.

Con tal fin, los centros de valoración y orientación, de los que en Andalucía existen nueve, uno en cada capital de provincia y otro más ubicado en la ciudad de Algeciras, se encargan, entre otras actividades, del reconocimiento del grado de discapacidad en un ciudadano, elaborar resoluciones para poder recibir una pensión no contributiva por discapacidad, expedir las tarjetas de aparcamientos destinadas a personas con movilidad reducida y emitir certificados de aptitud laboral para el acceso al empleo público.

El apoyo e integración social de las personas con discapacidad es una de las principales prioridades de la Junta andaluza. Una muestra de ello es que en los últimos años ha apostado firmemente por que la dimensión de la discapacidad esté cada vez más presente, desde una perspectiva transversal, en todas sus acciones de gobierno.

En este sentido, la Consejería de Salud y Bienestar Social se encuentra ya desarrollando el II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad, que persigue mejorar la accesibilidad del colectivo en los ámbitos de la educación, vivienda, transporte, empleo, ocio, comunicación y medio ambiente, así como la atención que se le presta desde los servicios sociales comunitarios y el voluntariado.

Entre las principales actuaciones realizadas por la Junta destacan el impulso de medidas de ahorro fiscal, la puesta en marcha de programas de empleabilidad, la elaboración de planes de accesibilidad en los municipios, actuaciones de reformas en viviendas, adaptación de las instalaciones sanitarias, distribución de tarjetas de aparcamiento, concesión de ayudas económicas complementarias a las pensiones más bajas, subvenciones a asociaciones y entidades, o el incremento del uso de la lengua de signos en los servicios públicos a través de su regulación.

La Administración autonómica también está trabajando en la elaboración de una nueva Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, que actualizará los preceptos de la norma vigente e incidirá en la protección y garantía de sus derechos.