El número de trabajadores que cobra por el Fogasa se dispara desde enero

La actualización de las cifras del Fogasa recuerda peligrosamente a los peores años de la crisis. El análisis de los números que arroja el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) es pertinente teniendo en cuenta que la mayor o menor intensidad de su acción es un claro indicador de la fortaleza o debilidad del tejido empresarial de un territorio. La primera mitad de este año hace presagiar que este 2016 no seguirá con la buena evolución a la baja que comenzó el año pasado. Y es que en tan solo los siete primeros meses del año, los trabajadores afectados por la insolvencia de sus empresas suponen un 40% más (1.010) que en todo 2015 (720). Y aún quedan cinco meses para que termine este año.

Lo peor es que muchos de ellos, a la pérdida de su empleo, suman el impago de nóminas e indemnizaciones. Según las cifras oficiales, hasta el mes de julio, las 316 empresas que han acudido al Fogasa este año para poder cumplir sus obligaciones de pago con sus extrabajadores les deben más de 2,3 millones de euros en salarios, al margen de las indemnizaciones por despidos, que suman un débito total que supera los 4,8 millones de euros. Los trabajadores se quedan sin trabajo y, la mayoría, sin su dinero.

Fuera ya de la empresa, y en situación de desempleo, más de 1.000 onubenses miran al fondo estatal para cobrar lo que les pertenece. Pero les tocará esperar. Con la ley en la mano (Real Decreto 505/1985), "el plazo máximo para dictar resolución (de pago) en primera instancia será de tres meses, contados a partir de la presentación en forma de la solicitud".

Pero las resoluciones de pago del Fogasa están sujetas a recursos, a interponer en un plazo de quince días, que podrán transitar por la vía del contencioso-administrativo, un proceso que puede prolongar de forma considerable la resolución de pago definitiva.

En paralelo a las sendas burocráticas y judiciales, la realidad es que la acumulación de solicitudes por insolvencia en el fondo salarial hace que muchos trabajadores esperen años para cobrar lo que les pertenece. En este sentido, este año se presenta especialmente duro.

Los datos, publicados por el Ministerio de Empleo en su portal web oficial, son poco esperanzadores en lo que se refiere al número de empresas que tienen que acudir al Fogasa para hacer frente a sus obligaciones como empleadoras.

Un total de 316 entidades lo han hecho entre enero y julio de este año, un 29,5% más que de enero a diciembre del año pasado, aumentando también el número de expedientes en un 37,7%.

La comparativa sigue presagiando un final de año negro, con un repunte considerable de los expedientes tramitados por el fondo estatal. El análisis interanual es contundente. De enero a julio del año pasado, los trabajadores afectados eran 70, un 1.342% menos que la cifra acumulada a 31 de julio de este año.

Al margen de que existan otros factores a tener en cuenta para tomar el pulso de forma fehaciente a la potencia de las empresas de la provincia, está claro que el aumento de expedientes tramitados por el Fogasa se traduce, a niveles prácticos, en una gran debilidad de las empresas para mantener a sus trabajadores y para pagarles las indemnizaciones por despido e, incluso, los salarios no satisfechos tras la ruptura de la relación laboral.

Y es que el Fondo de Garantía Salarial es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que se creó para ser la institución de garantía de los créditos salariales ante la insolvencia del empleador. En la actualidad tiene atribuido el abono a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal de insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso.

Las últimas cifras provincializadas que publica el Ministerio de Empleo colocan a la provincia a un nivel muy preocupante, lejos de los 469 trabajadores que en 2007 acudieron al Fogasa para cobrar lo que sus antiguas empresas les debían.

Sin ánimo de hacer especulaciones poco halagüeñas en lo que a los datos de la provincia de Huelva se refiere, parece claro que el final de 2016 supondrá un repunte importante de los expedientes y, por tanto, de los onubenses afectados por la insolvencia de sus empresas.

Pero a pesar del preocupante despegue de las cifras, la retrospectiva más reciente de los números coloca a 2016 en la senda de los datos relativamente aceptables si se comparan sus números con los registrados en 2014, el más sangrante a este respecto desde 2003, año en el que empieza la serie histórica de las estadísticas oficiales del ministerio.

A 31 de diciembre de 2014, los trabajadores afectados por la insolvencia de sus empresas en la provincia de Huelva superaban los 2.300 integrados en más de 2.100 expedientes tramitados por el Fogasa procedentes de 706 empresas onubenses.

Estos números conducen a cifras históricas en lo que se refiere a las cantidades a las que el Fogasa tuvo que hacer frente aquel año. Fueron más de 10 millones de euros destinados a pagar indemnizaciones no satisfechas por las empresas que despidieron a empleados. Y lo que es más importante, las entidades que prescindieron de parte de su mano de obra debían más de 5,1 millones de euros en salarios, una cantidad a la que también tiene que hacer frente este fondo estatal como consecuencia de la incapacidad para pagar de las 706 empresas que se declararon insolventes hace dos años.

El trabajo ha sido intenso en el seno del Fogasa tras el desarme económico nacional en 2008. Pero el Fondo de Garantía Salarial debe atender más obligaciones.

Según consta en la web del Ministerio de Empleo, "entre sus finalidades complementarias destaca el apoyo o protección a las empresas en situación de crisis dado que fomenta el mantenimiento del empleo y la continuidad empresarial, mediante el abono de ciertas prestaciones sin obligación de restitución (a fondo perdido), el pago de prestaciones sin necesidad de declaración de insolvencia empresarial (la llamada insolvencia técnica o en casos de fuerza mayor), y la posible suscripción de convenios de devolución aplazada o fraccionada de las cantidades abonadas por el organismo".

En la retrospectiva estadística del ministerio también destacan los números del año 2012. Fueron 1.453 trabajadores los que acudieron al Fogasa para cobrar un total de 4,3 millones de euros en salarios no disfrutados y más de 6,5 millones en indemnizaciones. Las empresas que se declararon insolventes para pagar fueron 445 y presentaron 1.264 expedientes entre despidos (lo más común todos los años), procedimientos concursales e indemnizaciones de responsabilidad directa.

El Fogasa sigue siendo la última oportunidad para cada vez más trabajadores en la provincia de Huelva.