Los últimos datos del padrón municipal de habitantes no dejaron sorpresas en la provincia de Huelva. En los últimos años se ha definido un estancamiento de la población que a 1 de enero de 2017 se certifica con una caída testimonial. Pocos son los municipios que crecen, y no siempre de forma significativa. Son más llamativos los números de signo contrario. Los que, entre otros, castigan a la capital alejándola del escalón que le permitiría acceder a un nuevo rango de ciudad. Y esto sí que no es anecdótico: hay consecuencias muy directas y muy importantes detrás de una cifra redonda, como los 150.000 habitantes que se le resisten a Huelva hace años, o los 20.000 que tampoco terminan de llegar en Cartaya, como los 5.000 que una vez perdió Cortegana y ahora aspira a recuperar cuanto antes.

Del padrón que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) cada año, con los datos remitidos por los ayuntamientos, depende que se tenga acceso a una mayor porción de los impuestos del Estado y de las comunidades autónomas, y también que se asuman nuevas competencias o que varíe el número de concejales de las corporaciones municipales y sus retribuciones.

"En estos últimos años, no sólo es que no hayamos llegado a los 150.000 sino que hemos perdido muchos habitantes", apunta la concejal de Participación Ciudadana, Deportes y Universidad de Huelva, María José Pulido. Este retroceso le ha salido muy caro a la capital: en torno a un millón de euros se cifra que han dejado de percibir las arcas municipales, según una estimación del actual equipo de gobierno socialista.

En Aljaraque, el reciente salto a los 20.000 habitantes le reportó al Ayuntamiento en torno a 250.000 euros por el incremento en la Participación en los Impuestos del Estado (PIE), según fuentes municipales, y casi tal como entran, salen para hacer frente al coste añadido de las nuevas competencias transferidas. La Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), aseguran, no dejó un mayor ingreso tras el crecimiento de población.

Un escalón por debajo, los municipios con 5.000 habitantes cuentan también con un mejor reparto de los impuestos estatales. En Cortegana, donde se trabaja para superar de nuevo ese umbral, el alcalde, José Enrique Borrallo, asegura que "se nota bastante": en torno a 20.000 euros más, estima, que en un municipio pequeño es una cantidad importante.

Realmente detrás de los incrementos de habitantes hay mucho más que los ingresos participativos. También se faculta a los ayuntamientos a elevar ligeramente algunas de las tasas gestionadas en el ámbito municipal, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Hay competencias sobre servicios al ciudadano que también se asumen con un crecimiento poblacional, sobre todo las relativas a asuntos sociales, o las de seguridad y limpieza, según el umbral que se supere. Y el número de concejales que compone el Pleno del Ayuntamiento, sus retribuciones máximas y la cantidad de liberados y personal contratado en cada legislatura dependen también del padrón.

La conjunción de todos estos factores no siempre deja un resultado positivo en los municipios. Al menos la valoración que cada uno de ellos hace por la distinta percepción que tienen sobre los costes económicos y administrativos que conllevan los servicios asumidos. Aunque la mayoría no duda en trabajar para dar un salto que siempre entienden cualitativo en todos los aspectos.

En la capital onubense así lo creen. Por eso el gobierno socialista de Gabriel Cruz se ha marcado como uno de sus objetivos en el presente mandato acercarse lo más posible a la cifra de 150.000 habitantes. Se parte de los 145.468 del último dato publicado por el INE. Hace poco más de quince días, precisamente, se celebró la última reunión de trabajo interdepartamental en el Ayuntamiento para definir la estrategia a seguir. Tienen claro que lanzarán en unos meses una campaña dirigida a la ciudadanía para fomentar el empadronamiento y regularizar a muchos residentes que no están registrados.

El escenario que ha dejado la crisis invita a actuar. Por ejemplo, por las familias que residían en alguno de los pueblos dormitorio de la capital, que se han visto obligadas por la falta de trabajo a volver a la ciudad junto a los abuelos, incrementando la ocupación de los hogares sin reflejo en el padrón.

"Sabemos que ya sólo con un ligero ajuste en los registros se pueden ganar más de 300 habitantes", apunta María José Pulido, de cuya área depende el servicio de empadronamiento. A ellos se sumarían los que se puedan regularizar entre quienes no lo han hecho antes "por dejadez o por considerar que es un trámite complicado o tedioso", o por intereses económicos, fiscales o de otro tipo.

Pulido avanza que se están barajando distintas opciones para mejorar la calidad en el servicio, agilizando así el proceso. Pero también se estudia fijar una serie de incentivos para todas las personas que vivan en la capital y estén inscritas en el Ayuntamiento.

"Hemos contactado con otras ciudades que han tomado medidas parecidas. Algunas optaron por la penalización a los residentes no empadronados, por ejemplo, encareciendo determinados servicios. Nosotros vamos más en la línea positiva de premiar con rebajas en tarifas, deducciones o incluso descuentos en comercios, como se ha hecho en algunos sitios a través de una Tarjeta Ciudadana", asegura la edil capitalina. "En Zaragoza, desde que la pusieron en marcha, lograron unos datos muy notorios de incremento del padrón".

En el otro extremo está Cartaya (19.094 habitantes), donde también en los últimos años se ha ido alejando de los 20.000 que nunca ha llegado a sobrepasar, y tampoco se harán intentos para ello, a menos que se constate "y se consolide" un aumento "real" de residentes estables.

Fuentes municipales justifican esta decisión del equipo de gobierno del independiente Juan Polo por la gran población flotante que existe a lo largo del año por las campañas agrícolas. "Tenemos los datos mensuales, y en algunos periodos superamos esa cifra, pero se trata de un dato engañoso porque no se mantiene todo el año", cuentan. Nada que compense los "numerosos cambios en el punto de vista administrativo" que conllevaría el aumento de rango. Sólo entonces, cuando se estabilice, insisten, se harán todas las gestiones posibles desde el Ayuntamiento.

Desde Aljaraque, donde se va un paso por delante (20.745 habitantes), se recuerda que "a grandes rasgos, básicamente, se nota en un incremento de competencias", que implica dotaciones de Protección Civil o deportivas, que en algunos municipios ya existen sin necesidad de llegar a los 20.000.

"Hay servicios que no son obligatorios pero que nosotros prestamos, como los de atención a la mujer y al consumidor, o los de ludoteca, comedor o aula matinal. Y también planes de empleo locales, aunque nos digan que no somos competentes", cuenta el alcalde de San Bartolomé de la Torre (3.618 habitantes), el socialista Manuel Domínguez, que insiste: "Si tenemos una economía saneada y capacidad para dar esos servicios, y además entendemos que los podemos dar más ajustados a las necesidades de nuestros vecinos, ¿por qué no vamos a hacerlo aunque seamos un municipio pequeño?".

También el alcalde de Ayamonte (20.629), Alberto Fernández, reconoce que hay servicios que siguieron prestando cuando se perdieron los 20.000 habitantes en 2013. En ese caso, el reflejo directo se vio en la reducción de la corporación municipal, que pasó de 21 concejales a 17 en las siguientes elecciones locales. El regidor popular lamenta esta consecuencia y culpa al anterior equipo de gobierno, del PSOE, de no haber realizado las correcciones oportunas al censo, "que hubieran evitado caer por debajo de esa cifra".

Para tener una dimensión de lo que supone superar ese umbral para los ingresos del Ayuntamiento, Fernández asegura que los principales son el IBI, el PIE y la Patrica, de los que Ayamonte obtiene, aproximadamente, 7 millones de euros, 4 millones y 2, respectivamente.

Entre los nuevos gastos, sin detallar, apunta el "notable" incremento en la cuota del Consorcio Provincial Contra Incendios y en los costes asumidos por los servicios de control de mosquitos y plagas de insectos y ratas que presta la Diputación.

Entre los municipios más pequeños, las servicios que presta de forma subsidiaria el ente provincial son clave para su funcionamiento, a través de la concertación municipal. En este sentido, el cambio se produce al superar los 20.000 habitantes, que en Huelva sólo se da en siete municipios: Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Huelva, Isla Cristina, Lepe y Moguer.

Aun así, en Cortegana quieren volver a pisar el escalón de los 5.000 para incrementar los ingresos del Estado. "En los últimos cuatro meses del año contratamos a agentes censales para ayudar a regularizar el padrón. Nuestros números son más altos que los del INE. Les hemos mandado alegaciones y estamos pendientes de contestación", cuenta de Cortegana el alcalde popular José Enrique Borrallo, quien tiene claro que "hay un beneficio global para nuestro municipio por estar por encima de 5.000 habitantes".

"Ya en los años 60 -recuerda el regidor serrano- marcamos un histórico de casi 9.000, gracias, sobre todo, al empuje económico del sector del corcho. Ahora es muy difícil recuperar esa industria perdida pero la minería está en alza y hay proyectos que pueden relanzar la economía y atraer más población".