La concejala de Economía del Ayuntamiento de Huelva, María Villadeamigo, expuso en la presentación de los presupuestos municipales presentados esta semana para el ejercicio en curso que “uno de los logros de las cuentas desde que nos hicimos cargo del equipo de Gobierno, además de reducir la deuda y conseguir que el ratio de endeudamiento sea a finales de año del 110%, es haber reducido el periodo de pago a proveedores”.

Se trata de uno de los caballos de batalla de la doctrina Montoro, en referencia al exministro de Hacienda que impuso un control exhaustivo en las cuentas de las administraciones públicas. Suya fue la Ley 3/2004 de Lucha contra la Morosidad en Operaciones Comerciales, también conocida como Ley de Morosidad, que determinaba unos rigurosos plazos máximos de pago a proveedores de 60 días para las empresas privadas y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas, a contar a partir de la entrega de los productos o la prestación de los servicios.

Lo cierto es que por aquel entonces, la morosidad de las administraciones públicas, en especial la de algunas entidades locales, era una de las lacras que lastraban el desarrollo empresarial y que incluso llegó a poner en serio riesgo de supervivencia a buena parte de las que trabajaban con ayuntamientos que veían como servicios y productos prestados y vendidos, necesitaban meses para ser pagados.

De hecho, aunque la Ley ofrezca un periodo máximo de pago a proveedores, lo cierto es que, al menos en España, este periodo es más bajo. En concreto, entre empresas, el PMP se suele situar alrededor de los 15 días, aproximadamente. Estos plazos son superiores en el caso de las relaciones comerciales de las administraciones públicas con sus proveedores. Según un reciente informe de Moncloa, a cierre de 2020, el PMP global a proveedores se situó en los 26,96 días, aunque existe una variabilidad importante según la comunidad autónoma. Los periodos oscilan entre los 7,21 días de la Región de Murcia hasta los 38,17 días de Cataluña.

En lo que se refiere a la provincia de Huelva, el grado de cumplimiento ha mejorado de manera más que apreciable en los últimos años. La austeridad, el control de las cuentas públicas y sobre todo las consecuencias financieras que conlleva el incumplimiento de las normas de pago, han hecho corregir el rumbo de las finanzas municipales.

Según los datos del primer trimestre dados a conocer por el Ministerio de Hacienda y consultados por Huelva Información, la campeona provincial es la localidad de Alajar, que tarda menos de un día en abonar productos y servicios a los proveedores municipales. En el otro lado de la balanza, se encuentra Santa Bárbara de Casa con más de 1.480 días de demora (más de cuatro años) y la localidad de Nerva que tarda 1.265, con Alosno en tercer lugar con 743 o Niebla con 682. Entre los municipios importantes, destaca el comportamiento de Lepe con un periodo medio de pago a proveedores de 401 días, Ayamonte con 307 días, Almonte con 117.

Entre las cumplidoras con los plazos determinados por la autoridad de Hacienda, destaca la capital onubense, que con 28,10 días de demora en el pago a proveedores, ha cambiado la tendencia de manera radical en los últimos presupuestos. También es destacable el comportamiento de municipios con Aljaraque con apenas 13 días, Aracena que apenas tarda tres semanas o Cartaya que lo hace en apenas dos.

Las consecuencias de una demora excesiva en el pago por servicios, deriva el cierre de mecanismos de financiación y obtención de ayudas específicas, por lo que es previsible que conforme pase el tiempo, ese periodo de pago inferior a lo 30 días sea generalizado.