Comienza un nuevo año y los onubenses tendrán que rascarse el bolsillo ante la subida de precios, si bien no todo son malas noticias para la economía de las familias onubenses. El Índice de Precios de Consumo (IPC) se incrementó en Huelva un 0,6% durante el mes de diciembre con respecto al mes anterior, de forma que la provincia ha cerrado 2017 con una tasa interanual del 1,8%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esto se traduce en una subida de los precios que repercutirá en los bolsillos del ciudadano y que hará más difícil hacer frente a los gastos cotidianos. Ya en noviembre, cuando se conocían los datos provincializados, se apuntaba a una subida interanual del 3,5% en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; del 3,6% en el transporte; del 1,7% en las tarifas de hoteles y restaurantes; del 1,6% en las bebidas alcohólicas y el tabaco; 1,4% en los alimentos y bebidas no alcohólicas; y 1,1% en ocio y cultura.

El Ayuntamiento congela el IBI y las tarifas del autobús, agua y alcantarillado

Uno de los peores datos lo deja la electricidad, que subió un 4,6% en diciembre, y el recibo del gas, para el que se prevé un aumento de un 6,2% en este mes, una vez que se lleve a cabo la revisión trimestral.

Por cuarto año consecutivo, el Ministerio de Energía optó por congelar la parte regulada de la tarifa eléctrica, que supone en torno al 60% del recibo de la luz. Del mismo modo, mantendrá congelada en 2018 la parte regulada de la factura de gas. Sin embargo, tanto estas como otras medidas adicionales se han topado con la subida de la materia prima en los mercados internacionales (debido a la reducción de la oferta de petróleo acordada por los países productores).

En lo que respecta al gas natural, esa subida de la materia prima que se ha producido a finales de año, se notará en el recibo a partir de este mes, cuando se realice la revisión trimestral de precios.

Además, el alza de los carburantes de estos días podría extenderse las próximas semanas debido al precio del petróleo. El barril de Brent (de referencia en Europa) ha pasado de cotizar el año pasado alrededor de los 35 dólares a cerrar cerca de los 65. Un precio que los países productores de petróleo (OPEP) esperan mantener durante 2018 al prorrogar el recorte de la producción, según los analistas especializados.

Aún está por verse la evolución que sigue la bombona de butano. Tras el alivio que supuso que en la revisión de septiembre se registrase una bajada del 4,9%, en la última revisión de 2017 hubo un incremento de un 2,1%. Desde el 21 de diciembre pasó a costar 14,45 euros. No obstante, este precio actual es inferior al que hubo en la segunda mitad de este verano, cuando alcanzó los 14,88 euros, si bien la bombona tradicional cuesta hoy un 17,7% más que hace un año.

Los ciudadanos que cuenten con una hipoteca cuyo recibo mensual se calcule con base al euríbor empiezan el año con buenas noticias. Porque el euríbor cerró noviembre en el -0,189%, un nuevo mínimo histórico. Todo parece indicar que disfrutarán de un euríbor bajo cero durante casi todo 2018, si bien algunos expertos apuntan a un repunte del índice para el último trimestre del ejercicio. Las hipotecas fijas, por su parte, mantendrán el éxito actual, aunque su precio podría aumentar ligeramente en 2018.

Frente a este panorama, los impuestos y tasas municipales se congelan para 2018. Así, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se mantiene igual, aunque con una novedad importante para algunos casos. Y es que la modificación de la ordenanza fiscal posibilita ya el poder bonificar hasta en un 95% los inmuebles afectos a entidades BIC o donde se realicen actividades que tengan legalmente reconocidas la consideración de patrimonio cultural inmaterial andaluz, español o de la humanidad.

En cuanto a las tarifas del agua y alcantarillado, así como las del autobús urbano, estas se mantendrán inalterables.

Ya en 2017 el Ayuntamiento de la capital creó una tarifa especial de transporte para familias numerosas, jubilados y pensionistas, así como el denominado Bono Solidario, (desempleados, familias en riesgo de exclusión y pensionistas), del mismo modo que se apostó por la tarjeta Visitantes (para los turistas).

Respecto al agua y alcantarillado, se han aprobado recientemente un conjunto de tarifas sociales encaminadas a favorecer los intereses de los clientes de Aguas de Huelva que necesiten, por sus circunstancias socio económicas, una reducción en el precio del consumo, adaptando e incrementando las anteriores medidas sociales destinadas a cubrir sus necesidades, con una nueva estructura tarifaria, basada en criterios de renta.

Del mismo modo, se amplía la cobertura de medidas a nuevos colectivos, como las víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, o colectivos que se vean afectados por el incremento de su facturación debido a fugas ocultas.

En concreto, se trata de una reducción del 50% del precio del consumo en la tasa de agua y saneamiento (dentro de los tramos de consumo en los que se suelen encontrar estos colectivos) pensionistas y jubilados, las familias numerosas, las unidades familiares con todos los miembros en situación de desempleo, las víctimas de violencia de género, así como aquellas personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, siempre que las rentas obtenidas por sus integrantes no superen dos veces el Salario Mínimo Interprofesional.

Además, se ha creado la denominada Tarifa de Garantía del Mínimo Vital, que garantiza de manera gratuita el suministro necesario para cubrir sus necesidades básicas a todos los usuarios que acrediten, bajo criterios de renta, se encuentran en una situación económica delicada.

También se creó una Tarifa Especial de Fugas, que se aplicará en aquellos casos en los que fehacientemente quede demostrado que los consumos excesivos facturados se deben a fugas en las instalaciones interiores, de difícil localización y no a un uso indebido o a un mantenimiento inadecuado de los elementos y puntos de consumo de las mismas, y que el abonado ha demostrado la diligencia adecuada en la reparación de la avería existente, corrigiéndose así situaciones que bien pudieran resultar injustas y desproporcionadas para éstos.