El juicio por la muerte de una niña operada de apendicitis se aplaza tras 7 años de espera

El juicio contra tres médicos del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva acusados de un delito de homicidio por imprudencia tras la muerte de Chantal L.M., de 8 años, fijado para el 22 de enero, ha sido aplazado por el traslado del juez que instruía el caso. El retraso se produce después de siete años de espera (el fallecimiento ocurrió en diciembre de 2005).

Según indicaron a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva, que instruye el caso, ha dictado una providencia en la que indica el aplazamiento del juicio para el que no propone nueva fecha. Por su parte, la madre de la menor, Elena Masera, explicó que en el Juzgado le han asegurado que el aplazamiento "se debe al traslado del juez titular". "Ahora llegará un juez nuevo que tiene que volver a estudiar el caso de nuevo y fijar una nueva fecha que, según me han indicado, podría ser mayo o junio", señaló Masera, quien aseguró que con todo esto "va a terminar de volverse loca".

Esta mujer lleva siete años esperando a que sean juzgados los presuntos responsables de la muerte de su hija, un dilatado período que le llevó coincidiendo con la Nochebuena de 2011, día en que se cumplían seis años de los hechos, a iniciar una huelga de hambre para reclamar la agilización del proceso.

La menor ingresó el 24 de diciembre de 2005 en el hospital con una apendicitis de la que fue operada satisfactoriamente, aunque a las horas su estado comenzó a empeorar y, a pesar de los avisos de la madre, no fue hasta el 27 de diciembre cuando decidieron sus traslado a la UCI, muriendo poco después.

El Juzgado cerró la instrucción del caso en marzo de 2011 considerando a los cuatro médicos culpables de un delito de homicidio por imprudencia profesional al entender que la muerte de la menor se produjo "por la tardanza" en el diagnóstico de la paciente ante una mala evolución en el postoperatorio.

Los médicos imputados, que ahora son tres (uno de ellos ha fallecido), se enfrentan a una pena de cárcel de 4 años cada uno, que es la condena que solicitan la Fiscalía y la Asociación Nacional de Negligencias Médicas, acusación particular. Junto a la petición de cárcel, ambas partes suman la solicitud de que se les imponga 6 años de inhabilitación especial para ejercer su profesión, así como el pago de una indemnización a la familia de la menor de 200.000 euros.