Los monitores escolares aducirán cesión ilegal a Educación

Los monitores escolares no están dispuestos a tirar la toalla después de que se haya hecho efectivo su despido el pasado día 13.

Un grupo de los afectados se congregó ayer ante la Delegación Territorial de Educación y así lo repetirán todos los miércoles hasta que no reciban una respuesta satisfactoria a su situación.

Uno de los argumentos que va a esgrimir este grupo de 39 trabajadores, que han estado desempeñando su función en 60 colegios de la provincia, es que con ellos se ha realizado una cesión ilegal. Son empleados que estaban contratados por una empresa, aunque los monitores esgrimen que han tenido atribuciones de trabajadores de la Consejería de Educación ya que "hemos accedido al Programa Séneca" que es la columna vertebral de todo el sistema educativo andaluz. El argumento es que "hemos realizado un empleo público para lo que la Junta ha contratado a una empresa privada", indicó una monitora.

La Junta ha realizado con estos trabajadores un despido colectivo, "aunque en el certificado que nos han dado dice que se trata de una extinción de contrato autorizado por ERE", explicó la portavoz del grupo Rocío Camacho.

Tanto desde los sindicatos, en concreto Comisiones Obreras, como desde asociaciones profesionales como Asadipre que engloba a los directores de los colegios públicos de Andalucía se pide que estos monitores sean tenidos en cuenta en la convocatoria que Educación realizará para cubrir esas plazas. Para ello, la Junta ha anunciado un plan de choque que pretende que esas plazas estén ocupadas en marzo, mes cuando comienza el proceso de matriculación del curso próximo y en el que estos monitores tienen un papel fundamental en su faceta administrativa. Sin embargo, según Bernardo Fuentes, de CCOO, se saben muy pocos aspectos acerca de ese plan de choque, si bien pide, al igual que desde Asadipre, que estos trabajadores sean tenidos en cuenta y dispongan de opciones para poder aspirar, de nuevo , a las plazas ya que cuentan con una experiencia laboral, en sus puestos, de 7 años.

Fuentes recordó que la situación que afecta a los monitores escolares se puede extender, a partir de junio, a los de Educación Especial que, en una cifra que supera a los 80 profesionales, ejercen su actividad en los centros docentes de Huelva.