Los monitores de comedores de 26 colegios denuncian el impago de salarios

La empresa Insersola adeuda a los monitores de comedores escolares de la provincia de Huelva cuatro meses de salario, según ha denunciado a este periódico un colectivo de estos empleados. Ayer mismo recibieron una de las cinco pagas pendientes. Las nóminas pendiente corresponde a junio de 2012 y enero, febrero y mayo de este año.

Los trabajadores, que terminan contratos en los próximos días, temen por el futuro de sus familias y quedarse sin la cuantía que les debe la empresa, perteneciente a la Fundación Santa María de Belén, que dirige Paula Santiago.

El impago afecta a unos 150 monitores de comedor de 26 centros educativos de Huelva capital y municipios cercanos como Gibraleón, San Juan del Puerto, Punta Umbría o San Bartolomé de la Torre. El impago no solo afecta a los monitores de comedor, sino también a transportistas, cocineros y proveedores.

Los empleados aseguran que los problemas no solo repercute en sus salarios, sino que repercute en la calidad de la comida que ser sirve en los comedores escolares.

El colectivo califica la situación de insostenible y asegura que el servicio de comedor, dependiente del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) deja mucho que desear, pero año tras año renueva el contrato a Insersola y sigue concediendo el servicio a la misma empresa que "no cumple con los trabajadores" ni con la "calidad exigible". El colectivo asegura sentirse comprometido con el "servicio público esencial" a pesar de los impagos, porque "los menores y sus familias no pueden ver mermada la calidad del comedor escolar, y además porque "no queremos ser cómplices de la situación".

Los empleados afirman que el delegado territorial de Educación, Vicente Zarza, les ha transmitido que la Junta de Andalucía está al corriente en los pagos a la empresa que presta el servicio a los comedores de los centros educativos. Así lo han confirmado también fuentes de la Delegación del gobierno, que han afirmado que la administración autonómica está cumpliendo y y que está en plazo y periodo de justificación de facturas.

Los trabajadores piden que se aumente los controles y las exigencias para acceder al servicio. "Creemos que una administración pública que contrata un servicio debe velar por la calidad del mismo y por las condiciones laborales de los trabajadores, aunque sean de una empresa externa, que depende casi exclusivamente de fondos público, señalan.

Esta redacción intentó sin éxito contactar con la gerencia de Insersola para conocer su versión de los hechos.