El menor acusado de acabar con la vida de su madre el pasado verano en La Antilla se enfrenta a ocho meses de internamiento cerrado y a otros cinco de libertad vigilada. La Fiscalía de Menores de Huelva ha solicitado la imposición de estas medidas en su escrito de alegaciones, al que ha accedido en exclusiva Huelva Información, paso previo a la celebración de la vista oral en la que se juzgará al adolescente.

Como consta en dicha calificación de los hechos, el Ministerio Público detalla que el menor (de 17 años) pasaba el verano en La Antilla con su madre. El origen del crimen estuvo en "una discusión verbal entre ambos" por un teléfono, que se desató sobre las 15:00 del 19 de julio de 2020.

La disputa acabó de la peor manera posible: el adolescente, "con ánimo de acabar con la vida de su madre y sin que conste si actuó solo o en compañía de otras personas, procedió a dar muerte a la misma, estrangulándola con las manos". La víctima falleció por la asfixia.

La Fiscalía señala que la Guardia Civil intervino en la vivienda de la avenida de El Terrón de la playa lepera "un teléfono móvil objeto de la discusión previa y un cojín, del que se habría servido el expedientado en el hecho".

En el escueto escrito de acusación se expone que los hechos relatados constituyen un delito de homicidio del que el menor expedientado sería el presunto autor.

Por ello, el Ministerio Fiscal considera que procede imponer al acusado la medida de ocho años de internamiento "en régimen cerrado con tratamiento ambulatorio de salud mental", a la que le seguirían otros cinco años de libertad vigilada "con asistencia educativa".

El Ministerio Público considera al joven autor de un delito de homicidio

De asignársele esta pena una vez juzgado el caso, se le computará al presunto homicida el tiempo de reclusión transcurrido desde que el pasado 20 de julio ingresara en el centro de internamiento de menores.

Estos hechos causaron una tremenda conmoción este verano en La Antilla, donde conocían bien a la víctima, una mujer de 51 años, lepera pero residente en Sevilla.

Entonces también trascendió que el chico, después de presuntamente matar a su madre, llamó a su psicóloga para alertar del suceso y para amenazarla con que iba a suicidarse. Esta contactó de inmediato con el padre del adolescente, del que según fuentes cercanas a la familia estaba separada la víctima, quien a su vez avisó al 112.

Personal sanitario y una patrulla de la Guardia Civil acudieron hasta la vivienda, donde fue encontrado ya sin vida el cuerpo de la mujer. Tras el aviso de la Benemérita, el fiscal de Menores (instructor de la causa) acudió a la vivienda para observar las labores de levantamiento del cadáver, realizar la inspección ocular e impartir a los agentes instrucciones de interés para la investigación.

Por su parte el servicio de Emergencias 112 señaló haber recibido sobre las 17:30 una llamada "confusa" alertando sobre un posible intento de suicidio.

En consecuencia, la Fiscalía solicitó a la jueza de Menores la medida cautelar de internamiento cerrado, la más grave de las previstas en la Ley del Menor. La juez estimó la petición y acordó dicha medida, cuya duración máxima es de seis meses (que se cumplieron en enero) prorrogables por otros tres, siendo su finalidad evitar la comisión de otros delitos graves hasta que se celebre la audiencia y se dicte sentencia.