Una maraña de propuestas, estudios y competencias administrativas
El proceso restaurador de las marismas del Tinto sigue siendo un laberinto sin salida
¿Cubrir los fosfoyesos o trasladarlos a un lugar más apropiado? Cualquiera de las dos opciones ha encontrado a lo largo de estos años partidarios y detractores y ha generado un debate -otro más-, que ha servido, entre otras cosas, para dotar de contenido algún que otro programa electoral, por no decir formaciones políticas al completo. La balanza la inclinó el peso de las competencias, otro embrollo administrativo que no ha venido más que a aportar un poco más de oscuridad al asunto.
Si nos ceñimos a la literalidad, la gestión y ordenación del litoral en Andalucía es competencia (transferida) de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ésta otorga o deniega las autorizaciones para actuar en la zona, "sin perjuicio de las competencias que en esta materia ostenten los ayuntamientos (licencias urbanísticas) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente".
En el caso concreto de la restauración de las marismas ocupadas por las balsas de fosfoyesos, el Ayuntamiento de Huelva deja claro que no es algo que esté en su mano. Esa pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía y de Fertiberia, aunque no vacila a la hora de mostrar su oposición al proyecto de la Junta, que pasa por cubrir los fosfoyesos y revegetar la zona. El Consistorio quiere perderlos de vista para siempre, planteamiento en el que encontró afinidad, aunque con matices, con los ecologistas de Greenpeace, WWF o con la Mesa de la Ría. De hecho, el estudio de la retirada de los fosfoyesos fue una de las promesas que Mariano Rajoy realizó durante su mitin en la Plaza de las Monjas durante la campaña electoral para las municipales de 2011, y el Ayuntamiento llegó a anunciar su intención de encargar un informe con la alternativa del transporte con el fin de proponerlo formalmente a la Junta de Andalucía, aunque finalmente lo descartó porque supondría un gasto inútil dado que la Administración autonómica ya había tomado su decisión al respecto.
El modo en el que habrían de retirarse los depósitos o reutilizarse la zona también dio lugar a una pléyade de propuestas: desde ubicar sobre la montaña de subproducto, una vez tratado, campos de golf, parques o cultivos, hasta utilizar estiércol de caballo para reducir la contaminación del residuo gracias a la inmovilización de los metales por medio de bacterias, según un estudio realizado en la Universidad de Huelva.
La opción del traslado podría realizarse, según sus defensores, por ferrocarril, a través de tuberías o por carretera. Sin embargo, algunos especialistas señalaron que para ello serían necesarios los portes de 485 camiones al día durante 30 años y que conllevaría un gasto de 2.551 millones de euros. Números que asustan y más con crisis.
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