La mujer rumana acusada de un delito de trata de personas por vender a su hija adolescente de 16 años a una familia compatriota para que contrajera matrimonio con un joven del clan que la dejó embarazada, ha negado hoy los hechos y ha aludido a una cuestión cultural para enmarcar lo sucedido.

Lo ha hecho durante su declaración en la primera sesión del juicio que se ha celebrado, a puerta cerrada, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, en la que se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía, informaron a Efe fuentes jurídicas.

En la misma línea han actuado los otros dos acusados, la mujer que presuntamente compró a la niña y su hijo, al que acusan también de un delito de abusos sexuales al haber dejado embarazada a la menor.

Los tres han mantenido versiones autoexculpatorias de los delitos que se les imputan y han asegurado que lo sucedido fue "una cuestión de cultura, la de los gitanos rumanos". En la jornada también ha declarado la menor, presunta víctima, la cual ha asegurado, en línea con los anteriores, que "se casó voluntariamente por el rito gitano cuando tenía 15 años".

Asimimo, ha incidido en que "siempre ha sido libre" y que "en ningún momento sus padres la vendieron o fue secuestrada por la familia de su marido". Esta versión ha sido corroborada, además, por el padre de la menor, quien ha testificado ante el tribunal.

Esta previsto que el juicio prosiga durante la jornada de mañana, ya en audiencia pública, con las testificales de la Guardia Civil y agentes de la Policía Local de Almonte y algunas periciales. La madre se enfrenta a una petición de 14 años de cárcel de la Fiscalía por un delito de trata de personas, y los otros dos acusados, para los que se piden seis años por el mismo delito, al que el joven suma cuatro más por un delito de abuso sexual.

La investigación que destapó los hechos comenzó tras presentarse una denuncia, ante las autoridades rumanas, por parte de un matrimonio de dicho país, en el que manifestaban cómo su hija menor de 16 años había sido secuestrada, metida en un coche a la fuerza ocupado por cuatro individuos y trasladada a España. También precisaron que fue la menor quien contactó telefónicamente con ellos después indicándoles que estaba en España, casada ya con un varón rumano del que desconocía sus datos personales.

Más adelante, la menor les pidió dinero para volver a casa y comprar algo de ropa, porque aseguraba no tener con qué vestirse, y añadió que era víctima de palizas y era obligada a prostituirse en clubes de alterne junto a otra joven en Almonte.

Tras las investigaciones iniciadas a raíz de la denuncia se constató cómo este clan habría pagado 8.000 euros a los padres de la víctima a cambio de un documento mediante el que autorizaban a su hija a salir de Rumanía y residir en España. En la operación policial fueron detenidos en una primera intervención policial los miembros del clan rumano comprador, una madre y sus dos hijos; y posteriormente, a los padres de la menor vendida, a ella en Huelva y a él en Rumanía; quedando desde entonces la menor bajo la custodia de la Junta de Andalucía.