La fase de instrucción del incendio de Las Peñuelas está abocada a eternizarse. Los motivos son, fundamentalmente, dos: de un lado, la ingente cantidad de perjudicados -alrededor de 300-, entre los que están quienes perdieron sus pertenencias en el camping Doñana (el grueso de las acusaciones particulares) pero también las administraciones, Junta de Andalucía y Estado; de otro, está que la jueza que lleva las riendas del asunto, la titular del Instrucción 2 de Moguer, ha solicitado su traslado a otra provincia, lo que derivará en la incorporación de un sustituto eventual primero y en un relevo definitivo más adelante que tendrá que ponerse al día pormenorizadamente sobre los más de 3.000 folios que ya conforman la causa compleja.

El fiscal delegado de Medio Ambiente en Huelva, Alfredo Flores, indicó ayer a Huelva Información que el plazo máximo de 18 meses determinado para la instrucción del asunto como causa compleja "vencerá en diciembre, por lo que se pedirá la ampliación".

El plazo de la causa compleja vencerá en diciembre y se pedirá la ampliación"

La multiplicidad de damnificados es lo que la acusación pública ve como el mayor escollo para agilizar el procedimiento. Si se consigue dar un impulso a esta parte del caso (se contempla la opción de que se abra una pieza separada para abordar el asunto que atañe a los afectados del camping Doñana), entonces cabría la posibilidad "de tener terminada la instrucción para el verano del año que viene, pero esto sería siendo muy optimistas", añade Flores. De este modo, los escritos de calificación de las partes "podrían estar listos en octubre o noviembre de 2019 y podríamos estar celebrando en juicio a mediados de 2020; pero, insisto, eso sería en el mejor de los escenarios y no parece que vaya a darse".

Tres personas están siendo investigadas por el incendio de Las Peñuelas: el administrador, el encargado y el jefe de mantenimiento de Carbones Fergón. Sobre los términos de la futura acusación contra ellos, el fiscal de Medio Ambiente opta a priori por la solicitud de una pena máxima de tres años de prisión por incendio imprudente y no intencionado. Pese a la existencia de otros tipos penales por incendios forestales que pongan en riesgo a personas y bienes (con un máximo de 20 años de reclusión), considera que aplicarlos a una negligencia "sería exagerado porque no ha sido intencionado y porque el origen del fuego quedaba lejos de cualquier núcleo de población cercano".

Esa negligencia, como sostiene la propia titular del Juzgado de Instrucción 2 de Moguer y como refrenda la Fiscalía, tiene su base en que "hubo un momento en el que la fábrica se quedó sola, cuando en la referida autorización hace mención a una vigilancia permanente", a lo que agrega que la empresa "solo tenía tres hornos autorizados cuando en realidad existían doce, los dos últimos construidos" en 2017.