Éxito rotundo de la huelga de togas en Huelva. Prácticamente la totalidad de los miembros de la carrera fiscal y de la judicatura respaldaron ayer el paro convocado a nivel nacional para expresar su disconformidad con el proceder del Ministerio de Justicia, que pese al rosario de reuniones mantenidas con las asociaciones de jueces y fiscales ha hecho caso omiso a sus reivindicaciones.

El 98% de los 52 jueces y magistrados y de los 27 fiscales que trabajan en la provincia –con la excepción de los que cubrieron las guardias pertinentes, consideradas servicios mínimos– han secundado la segunda movilización del año, lo que ha deparado una jornada con múltiples juicios suspendidos y con concentraciones en las sedes judiciales de nuestro territorio.

En la capital, una treintena de jueces y fiscales escenificaron la protesta en la sala de vistas de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, donde el decano de la judicatura onubense, José Manuel Borrero, leyó el comunicado suscrito por todas las asociaciones en liza: Asociación de Fiscales (AF), Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).

Tras esta lectura, Borrero evidenció que lo más urgente para Huelva es el refuerzo de los medios personales y materiales, amén de la creación de juzgados como el número 2 de Familia o el Social 4. “El Juzgado de Familia 2 se ha pedido por activa y por pasiva porque el que tenemos, el Familia 1, está en un retraso excesivo; en los Sociales (que tramitan los asuntos laborales) ha habido también un gran atraso y se ha pedido un magistrado de refuerzo, que se ha aprobado ya por el Consejo de Gobierno y lo ha parado el Ministerio”, lamentó.

A juicio del decano de los jueces onubenses, en el partido judicial de Ayamonte “es necesaria la división de jurisdicciones”, con los asuntos civiles asignados a unos órganos especializados y los penales a otros, de modo que dejen de ser mixtos como hasta ahora. Sobre los órganos de los partidos judiciales más pequeños, Borrero remarcó que “están muy atascados por la falta de medios; en algunos hay cuatro funcionarios cuando deberían tener diez”.

Desde su prisma, las cargas de trabajo que soportan jueces y magistrados en la provincia son “excesivas”, por ello entiende que “no hay que crear juzgados por crearlos, sino crear plazas de jueces; lo que no se puede es tener un juzgado con mil asuntos cuando debe llevar 400”. Incidencias de este tipo se dan en Menores, en los Juzgados de Instrucción, en los órganos de lo Penal o en los Sociales, apreció. También en los del orden civil, los de Primera Instancia, “que han aumentado la carga de trabajo”.

Y toda esta situación se vive, observó, en un momento en el que el ciudadano “lo único que ve es que las cosas tardan; pero aquí se trabaja gracias a los funcionarios y a todo el personal que pertenecemos a esto, si no aquí la sobrecarga de trabajo y el retraso serían para cerrar los juzgados”.

Para Borrero, hay otros temas claves como la “incorrecta” implantación del expediente digital. De la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía dijo que “tiene buena voluntad, pero eso no basta, hacen falta medios materiales” y que no se tarde en cubrir la baja de un interino tres meses cuando en otras autonomías el reemplazo se produce en uno. En definitiva, la ciudadanía “lo que quiere es que se le preste un servicio bueno, que sea eficaz, que funcione, pero nosotros funcionamos con lo que tenemos”.

Entre los objetivos de la protesta de ayer están también el refuerzo de la independencia judicial y del Ministerio Público, un plan de inversión suficiente y prolongado que conlleve el incremento de las plantas judicial y fiscal, “equiparándolo a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años”; modernizar los edificios judiciales y fiscalías; o la convocatoria “inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010”.

Además, fiscales y jueces reclaman la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital “en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos”, la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado o la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.

El fiscal Jesús Jiménez Soria, que fuera fiscal jefe de Huelva, señaló que “puestos a reivindicar lo específico de la Fiscalía es que cubre toda la provincia, con lo que la escasez de medios y de personal para cubrir y la deficiencia del sistema de sustituciones también nos supone una carga difícil de sostener y, por tanto, un perjuicio para la Administración de Justicia”. Recordó que la intervención del Ministerio Fiscal “es fundamental en los procedimientos y estamos limitados”. Más allá de las cuestiones económicas, señaló que “hay reivindicaciones que desde el año 2003 no se modifican en la categorías de adscripciones de Fiscalías, con guardias que se cobran míseramente, y todo eso repercute también en el trabajo que llevamos a cabo”.