La judicatura advierte del colapso de los juzgados por la cláusula suelo
El Primera Instancia número 6 asume desde ayer en la Audiencia las reclamaciones sobre garantías inmobiliarias
Más de 4.000 expedientes llegarán a las dependencias judiciales
Huelva/Colapso en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Huelva. Es el vaticinio que realizó ayer el colectivo de la judicatura onubense tras la orden del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la que se atribuye a determinados juzgados la obligación de hacerse cargo de manera exclusiva de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación inmobiliarios, esto es la cláusula suelo, entre otros asuntos.
Unos 4.000 expedientes o más calculan que llegarán a partir de ahora a este juzgado, que ya atiende al año más de 2.000 casos, cuando el término medio establecido por el CGPJ está en 800 asuntos al año.
El colectivo entiende que la medida está condenada al fracaso y que beneficia a la banca
Según el colectivo de la judicatura onubense, la medida se ha adoptado de manera unilateral, en contra de la opinión de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las juntas de jueces y los colegios de abogados y procuradores.
Las asociaciones judiciales se concentraron ayer en el Palacio de Justicia para protestar contra el acuerdo y consideran que la medida está "abocada al fracaso", ya que se pretende "centralizar en un solo órgano el conocimiento de todos los procedimientos judiciales, sin dotar simultáneamente al mismo de los medios personales y materiales necesarios, lo que se suma a la ya precaria situación en la que se encuentra" el juzgado número 6.
Según manifestó el decano de los jueces de Huelva, Juan Manuel Borrero, la medida "producirá de facto el colapso del juzgado, así como un retraso en la tramitación de los procedimientos".
El juez de Primera Instancia número 6, Enrique Clavero, explicó que las demandas comenzaron a llegar ayer mismo al juzgado y, sin embargo, no hay ningún nuevo juez,
No hay ningún juez, ningún nuevo letrado de la Administración de Justicia ni más funcionarios, apuntó el titular del número 6, por lo que los actuales tendrán que hace frente a al triple de trabajo. "Un mismo secretario judicial tendrá que hacerse cargo de dos juzgados", puntualizó Clavero. Tan solo está previsto que a partir del 1 de julio llegue un juez en prácticas de la última promoción, que deberá resolver casos directamente.
Clavero detalló que contra la medida se han posicionado la mayoría de los tribunales de justicia , los colegios de abogados, el consejo general de la abogacía, de los procuradores y de la junta de jueces.
"A un juzgado, que está muy por encima de su carga de trabajo, le van a corresponder asuntos relativos a todos temas de la contratación como cláusula suelo, vencimiento anticipado y demora de toda la provincia de Huelva", destacó, "un juzgado además que ya supera en más del doble la carga de trabajo que le corresponde"
"Se ha elegido el juzgado que tenía un mejor rendimiento, mejores resultados y al final el precio que se le ha dado es el colapso", lamentó el titular del juzgado de Primera Instancia número 6. "A partir de ahora -añadió- será el que peor funcione porque no se le dota de recursos adicionales" .
Según Clavero, la medida se ha hecho de forma precipitada, porque además existe un problema de fondo que "es una lucha entre el Ministerio, las comunidades autónomas y el Consejo, y los únicos perjudicados somos nosotros, que estamos en mitad de la batalla".
En términos similares se pronunció la letrada de la Administración de Justicia, Miriam Villoslada, para quien será primordial que la Junta de Andalucía ponga "todo lo que esté en sus manos y establezca una plantilla que puede asumir todo el trabajo que se avecina".
"Aunque hipotéticamente todo se ha hecho para beneficiar al ciudadano, lo que van a conseguir es que salgan más perjudicados porque no va a ver resueltos sus asuntos, porque todo se va retrasar de manera continuada", puntualizó.
Más trabajo con el mismo personal y los mismos recursos
"A quien más va a beneficiar es a la banca, porque se van a retrasar muchos los asuntos". Así de contundente se mostró ayer el vicedecano de los abogados, Fernando Vergel, que abundó en que la medida es negativa "para los jueces, procuradores, abogados y funcionarios. "Se ha hecho a conciencia de que va a fracasar y la banca tocando las palmas", espetó. Vergel criticó que "con quien menos se ha contado es con el ciudadano que es el que tenía que haber sido el favorecido, si bien con esta situación va a ser el más perjudicado, no solamente por el retraso que va a sufrir sino porque hay personas que tendrá que recorrer kilómetros hasta la capital, por lo que es posible que muchas lleguen a plantearse desistir de su reclamación por el largo desplazamiento". Por su parte, el presidente de la junta de personal, Aquilino García, indicó que todo el colectivo de la judicatura está afectado, pero especialmente los trabajadores, porque "no se va a dotar de más personas". "A partir de ahora todo entra en la instancia 6 sin que haya aumentado el personal y sin que se hayan modificado las instalaciones, mientras se incrementa la carga de trabajo" subrayó. "La situación -agregó- repercute en todos los órganos jurídicos pero más especialmente en los jueces y funcionarios que son los que van a tener que soportar el sobreesfuerzo". En su opinión, a la hora implantar la medida "la descoordinación ha sido total, ya que el CGPJ va a su aire y además con complicidad de la comunidad autónomas que se han negado a dotar de más medios materiales y humanos.
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