El Tribunal Supremo ratificó en marzo de 2013 la pena impuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva al empresario onubense F.J.F.S., al que condenó a cuatro años y nueve meses de prisión -amén de una multa de 2.160 euros- y al pago de una indemnización de 2,3 millones de euros a la entidad bancaria Cajasol (hoy Caixabank) por los daños y perjuicios causados después de considerarlo autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular y de otro continuado de estafa.

Una vez que el Alto Tribunal otorgó firmeza a la resolución, el condenado solicitó al Gobierno central el indulto, una medida de gracia que, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, "suele tardar unos meses, un año a lo sumo, en conceder o denegar". En consecuencia, la Justicia onubense decretó la suspensión de la ejecutoria a la espera de la decisión del Ejecutivo. Pero este ha tardado casi cuatro años y medio en resolver el asunto.

En concreto, el empresario solicitó la medida de gracia el 10 de mayo de 2013. La respuesta informándole de la no concesión del indulto no se le notificó hasta el 20 de octubre del pasado año, una dilación "excesiva", a juicio de las fuentes consultadas por este diario. Por ende, la ejecutoria se ha hecho efectiva y el empresario ingresó en el penal de La Ribera el pasado 22 de febrero. Como mínimo pasará en reclusión 14 meses, antes de que en el penal se revise su condena y pueda tener opción a salir del presidio.

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, a la que ha accedido este diario, se da por probado que el inculpado manejaba las sociedades Tecnostore Huelva, Xenyx Computers y Andacom Informática (las tres empresas emisoras), a la vez que Mercauto Recambios y Carrocerías del Automóvil y Tecnomedia Nervión, y que entre marzo de 2006 y abril de 2008, "con la intención de enriquecerse y de defraudar y obtener un beneficio económico ilícito", estableció un sistema de remesas cruzadas de recibos ficticios -entre sus propias empresas- que Cajasol abonaba automáticamente como anticipos y que no correspondían realmente a relaciones comerciales existentes entre unas sociedades y otras.

Era "una rueda continua de remesas de recibos" que la entidad bancaria adelantaba a las cuentas del encausado y que "debían ser devueltos una vez abonados los recibos por las empresas libradas o, en su defecto, con saldos positivos reales de las cuentas de las sociedades emisoras".

Los saldos positivos de las cuentas de las compañías emisoras eran falsos, "pues se lograban con la emisión de nuevas remesas de recibos y no respondían a fondos propios de la sociedad emisora, sino a fondos anticipados por Cajasol que pasaban de la cuenta de una sociedad a la de otra hasta que F.J.F.S. lograba desviarlos mediante trasferencias o ingresos en efectivo a cuentas bancarias para obtener beneficios y dinero".

La forma de operar del acusado consistía en presentar en las oficinas de Cajasol de Palomeque y el Paseo de Las Palmeras de la capital disquetes con ese compendio de recibos ficticios emitidos por alguna de sus tres sociedades para que la mencionada entidad gestionara su cobro.

La magnitud de los movimientos entre cuentas y el cobro de facturas fue tal que durante esos dos años F.J.F.S. llegó a emitir "un total de 610 remesas cruzadas de recibos, que no respondían a la realidad del tráfico de las sociedades emisora y receptora". El importe alcanzó los 98,6 millones de euros: 33,4 millones en el caso de Xenyx Computers, 33,2 millones de euros en el caso de Tecnostore Huelva y 32 millones en el de Andacom Informática, una cuantía "que nada tenía que ver con la facturación real de estas tres empresas".

F.J.F.S. usó "fraudulentamente el servicio de gestión de remesas de recibos de Cajasol para obtener fondos propios de la mencionada entidad que nunca devolvió", ocasionándole un perjuicio económico que asciende a 2.915.217 euros y que el banco no detectó hasta finales de mayo de 2008.