El incendio de las chabolas, arma arrojadiza para las administraciones

El incendio que este lunes arrasó unas 60 chabolas de un asentamiento de inmigrantes en Lepe, y que ha obligado a realojar sobre todo en el polideportivo de la localidad costera, aunque también en otros puntos de la zona, a unos 110 inmigrantes de nacionalidad marroquí, senegalesa o malí, entre otras, se ha convertido menos de 24 horas después del suceso en arma arrojadiza para las distintas administraciones.

Mientras el Ayuntamiento lepero reclamó a través de su alcalde, el popular Juan Manuel González, "respuestas" por parte de la Junta de Andalucía ante el "problema de la inmigración", ésta aseguró por mediación del delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Fiscal, que, pese a que colaborará "más allá de sus competencias", "estas decisiones" se adoptaban antes desde la Subdelegación del Gobierno de España en Huelva. El Gobierno central, aunque "no se echará para atrás" en la petición de ayuda, según señaló su delegada en Andalucía, Carmen Crespo, también achacó las competencias en la materia tanto a los ayuntamientos como al Gobierno autonómico.

Los que sí parece estar claro es que tanto el Ayuntamiento lepero como las organizaciones humanitarias que operan en la zona sí se han volcado para resolver el problema puntual generado por el incendio del asentamiento chabolista, y por el momento los aproximadamente 110 afectados han pasado este martes su segunda noche bajo techo, con agua caliente para asearse y con disponibilidad de bolsas alimentos de primera necesidad.

No obstante, el primer edil lepero subrayó este martes que "el problema de la inmigración no se acabó ayer (por el lunes) con el realojamiento de los afectados, sino que sigue ahí y no tenemos respuesta". "Nosotros lo que podemos hacer es estar al pie del cañón" y colaborar con los colectivos de ayuda humanitaria, que según González tuvieron desde el primer momento una "respuesta contundente y positiva".

Precisamente hoy mantendrá el Ayuntamiento un encuentro con estos colectivos "para trazar una hoja de ruta que nos permita ver hasta dónde podemos llegar". No obstante, incidió, el Ayuntamiento de Lepe "puede aportar lo que puede aportar: alojamiento puntual, colchones, mantas, pero en materia de inmigración hay una Administración como la Junta de Andalucía que es la que tiene las competencias. En este punto, González respondió a las manifestaciones del día anterior de PSOE e IU, que achacaron parte del problema a que el albergue para inmigrantes del municipio costero sigue cerrado, argumentando que "no hubiese sido la solución porque está previsto que tenga una capacidad máxima para unas cien personas, número inferior al de los afectados por el incendio, y en caso de haber estado abierto, muy probablemente estaría ocupado".

De esta forma, el regente lepero hizo un llamamiento a todas las administraciones, en especial a la Junta de Andalucía, "porque el problema de la inmigración es más grave y se tienen que implicar más administraciones porque el Ayuntamiento la capacidad que tiene es muy corta, teniendo en cuenta que tenemos más de 3.000 personas en asentamientos en el término municipal. Es un problema en invierno por el frío -prosiguió- y en invierno por el calor. Es inhumano y hay que tomarse en serio ciertas cosas y dejarse de hacer política" concluyó.

El alcalde manifestó estar dispuesto a mantener durante más días a los afectados por el incendio en el polideportivo municipal (al que pueden acceder de 19:00 a 09:00), aunque se mostró convencido de que tras la reunión que mantendrán el Ayuntamiento y organizaciones humanitarias "se encontrarán otras alternativas para el realojamiento de estas personas en este caso puntual". Y es que, según incidió, a pesar de que "creo que no va a ser necesario, el Ayuntamiento no los va a dejar en la calle".

El otro problema que preocupaba a los afectados, el de la documentación personal y pasaportes que han perdido como consecuencia del incendio, también parece estar en vías de solución. Así al menos lo señaló a Huelva Información Aristide Gomis, técnico de la Fundación Cepaim, quien además de poner en valor la "importante colaboración" del Consistorio lepero con las organizaciones humanitarias de la zona, aseguró que tras ponerse en contacto su fundación y otras asociaciones con los consulados y embajadas de Senegal, Marruecos, Mali, Gambia y Costa de Marfil, "éstas han mostrado su disposición a trabajar con nosotros para restituir los documentos que se han perdido".

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, explicó que desde la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se está trabajando en el asunto para "poner lo que esté en su mano" y ayudarlos. No obstante, Fiscal quiso dejar claro que esto es una competencia "que excede de la Junta de Andalucía" y recordó que cuando en el Gobierno central gobernaba el PSOE "estas decisiones se adoptaban desde la Subdelegación del Gobierno".

Dicho esto, insistió en que desde la Junta "se está analizando la situación en la que han quedado estos inmigrantes para adoptar las medidas pertinentes", al tiempo que calificó lo sucedido como "un asunto triste, desgraciado e importante, ya que si bien no ha habido que lamentar daños personales, materialmente ha sido un desastre".

En el cruce de declaraciones también participó la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quien indicó que el Gobierno de España "en ningún caso se echará para atrás" en la petición de ayuda que haya por parte de las administraciones competentes tras el incendio. En declaraciones a los periodistas, Crespo expuso que al Gobierno central compete en este asunto la seguridad. "Podemos ayudar a los que ostentan las competencias en las cuestiones de residencia y vivienda, que tiene la comunidad autónoma, y los ayuntamientos en cuestión de albergues", agregó. "En lo que pidan, estaremos aquí para colaborar, como siempre, y en nuestra competencia en seguridad seguiremos siempre velando por la misma en las zonas donde haya dificultades, aunque éste no ha sido el caso", apostilló finalmente.

A pesar de todo, el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, se ofreció a incrementar las medidas de coordinación para facilitar todas las copias de los documentos de residencia y de trabajo que estas personas han podido perder tras el fuego, pero quiso dejar claro que "las competencias" relacionadas con los asentamientos "no son del Estado, sino del Ayuntamiento".

El subdelegado remarcó en este sentido que es el Ayuntamiento del municipio, en este caso de Lepe, "el que tiene las competencias", indicando además que buscar el alojamiento y el lugar de residencia para estas personas "será competencia del Ayuntamiento donde residan".