Nueve imputados se enfrentan a 53 años de prisión por el alijo del muelle pesquero de Huelva

Nueve personas se enfrentan a una condena conjunta de 53 años de privación de libertad por introducir el 29 de agosto del pasado año 750 kilos de hachís por el Muelle de Levante de Huelva. La Fiscalía pide para ellos, además, multas que rebasan los 176 millones de euros, según consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico. A ocho se les atribuye la comisión de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud y cometido en condiciones de extrema gravedad, tanto por la cantidad como por el uso de embarcación, además de otro de pertenencia a grupo criminal. La novena en liza, M.Z.V.C., trabajadora de la tienda de Yoigo en el Carrefour de la capital, se enfrenta a dos años y medio de prisión y multa de 3.600 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, al emitir tres contratos para que los acusados obtuvieran los tres teléfonos de prepago que entregó a G.E.V.C., quien ya había superado el número autorizado de tarjetas.

Considera la acusación pública que la jefatura y dirección del grupo delictivo era ejercida en todo momento por P.R.G., un pescador parado de 56 años que reclutó a un patrón de Lepe acuciado por las deudas para que pusiera su embarcación, la López Santana, en el operativo. Sus subalternos eran su propio hijo, P.R.B., y A.L.M., con los que mantenía permanente contacto telefónico y personal.

El hijo y J.M.F.R. se ocupaban de negociar la entrega de la droga por parte de los proveedores marroquíes -viajando al país cada vez que fuera necesario-, con quienes convenían el precio y la calidad de la misma, las coordenadas del desembarco y la obtención de adelantos económicos para poder repostar el barco que debía recoger la mercancía.

G.E.V.C. alquilaba los inmuebles destinados a ocultar el hachís, una vez introducida en España, así como de adquirir los teléfonos de seguridad necesarios para el día estipulado. El patrón del barco, A.L.M., debía recoger la droga en alta mar, una vez desplazada hasta el punto del alijo por los proveedores. La trama se completaba con la actuación de F.J.M., J.E.M.O. y J.G.F., captados para las labores de recogida de los fardos y de realización de tareas de descarga, en la que también participarían los coacusados A.L.M. y el hijo del cabecilla.

El 29 de agosto, con total descaro, a pocos metros del puesto de vigilancia de la Guardia Civil en el puerto de Huelva, procedieron a desembarcar el alijo. Pero la Policía Nacional frustró sus planes. Esa misma noche, ya en la madrugada del día 30, P.R.G., A.L.M., F.J.M.D., J.E.M.O. y J.G.F. fueron detenidos en el muelle "descargando los fardos". G.E.V.C., P.R.B. y J.M.F.R. fueron arrestados horas más tarde.

El fiscal solicita ocho años de prisión para el jefe de la banda, P.R.G.. Para su hijo, P.R.B., y para J.M.F.R., G.E.V.C. y el patrón propietario del barco, A.L.M., pide seis años y medio de cárcel, mientras que para F.J.M.D., J.E.M.O. y J.G.F. estima que la pena impuesta debe ser de cinco años y medio. Para cada uno de los acusados, excepto para la trabajadora de la empresa de telefonía, pide la imposición de multas de 22 millones de euros.

Los nueve imputados de la operación Caña se sentarán en el banquillo de los acusados del 25 al 28 de junio próximos, en un plenario que se celebrará en la Sección Tercera de Huelva.