Las 170 escuelas infantiles de la provincia de Huelva, así como sus más de 1.200 trabajadoras y empresarias (el 95% del sector esta feminizado), esperan “una solución que les permita sobrevivir, tras la situación sobrevenida por la crisis del coronavirus”, según señalaron en un comunicado al que tuvo acceso Huelva Información. Las profesionales no entienden “por qué no se ejecuta un presupuesto ya aprobado, previsto y no utilizado para el primer ciclo de Educación Infantil y se lleva a cabo un recorte del 25% en los ingresos”.

Según la asociación que las engloba en Huelva, “en los últimos meses la Junta ha promulgado medidas para la universalización y gratuidad de esta etapa educativa, descongeló el precio plaza tras 12 años de ajustes en el sector y que ha puesto a la red de centros de Andalucía en un lugar de referencia en el panorama nacional”.

“No se entiende, por tanto, este paso atrás para un cierre escolar que va a ser coyuntural, y para que el ya había un presupuesto aprobado y sin utilizar. Por unas pocas semanas, se puede poner en tela de juicio una red de centros de lo más fortalecida en los últimos años y que es un en la educación de los niños y niños y base para la conciliación laboral y familiar de cientos de miles de hogares en nuestra comunidad”, comentó Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas.

Una escuela infantil de la capital onubense en el inicio del curso escolar.

La asociación califica de “intolerable que reduzca en un 65% la aportación por alumno a los centros de primer ciclo de Educación Infantil, condicionando ese ingreso a un mantenimiento del empleo con todas las condiciones anteriores”. El último decreto aprobado en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía “deja la aportación de la Administración en 180 euros por la atención socioeducativa de cada alumno, cuando actualmente era de 278,88 euros y está prevista la subida para el curso 2020/2021 hasta los 320,71 euros”.

Con la crisis del coronavirus y el Estado de Alarma “se van a ver reducidos drásticamente los ingresos de los centros de Educación Infantil de la comunidad. Los profesionales ven incomprensible que, ante la confección de un decreto de ayudas económicas y laborales no se hayan tenido en cuenta las peticiones remitidas a diversos estamentos del gobierno regional, y que se basaban en un mantenimiento estable del empleo e intentar el menor endeudamiento de los centros”.

A pesar de la subida aprobada del precio plaza, “al no hacerse vigente hasta septiembre, la situación sigue siendo de enorme complejidad, con muchos centros al borde del cierre, suponiendo esto pérdidas económicas para las empresas, desempleo para las trabajadoras y falta de servicio para las familias que necesiten esta atención”.

Con respecto a Facua, Escuelas Infantiles Unidas hace hincapié que “la mayoría de los centros están teletrabajando con su alumnado y con la colaboración de las familias y les recuerdan que los centros educativos de primer ciclo están recogidos en las leyes nacionales de educación como etapa educativa propia, y no como empresas de servicios. Los profesionales de la Educación no entienden cómo Facua defiende el abono de los pagos a los centros concertados, cuando la educación en esos centros es gratuita y su profesorado tiene pago delegado y, por lo tanto, está cobrando. Y como contrapartida anima las familias a no abonar las cuotas familiares a las escuelas infantiles de sus hijos”.