Huelva

Los funcionarios de prisiones critican la gestión de Interior en el conflicto colectivo

  • Los sindicatos reclaman, entre otros, más personal y medidas para que cesen las agresiones

Los funcionarios de prisiones, ante la sede de la Subdelegación. Los funcionarios de prisiones, ante la sede de la Subdelegación.

Los funcionarios de prisiones, ante la sede de la Subdelegación. / Josué Correa (Huelva)

Los sindicatos de prisiones siguen en pie de guerra. Los representantes de Acaip, UGT, CCOO y CSIF del centro penitenciario de Huelva y del centro de inserción social David Beltrán protagonizaron en la mañana de ayer una concentración ante la sede de la Subdelegación del Gobierno en Huelva con la que quieren "denunciar la gestión que está realizando de nuestro conflicto colectivo el Ministerio de Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, donde se pretende encerrar y clausurar cualquier solución". Reclaman que el Ejecutivo se siente "a negociar de una forma real y efectiva".

El delegado de Acaip en Huelva, José Juan Serrano, evidenció el agotamiento de los trabajadores ante las "promesas y mentiras de Marlaska, que hasta en sede parlamentaria ha prometido un avance en nuestras reivindicaciones, pero no va más allá de eso".

Más bien al contrario, apuntó. "Se han tomado medidas para dividir al colectivo, como el reparto de sustanciosas corbatas o el concurso de traslados, en el que se impone un baremo que claramente perjudica al colectivo".

Entre las reclamaciones de los ayer concentrados en la calle Berdigón de la capital está la "dignificación de nuestra labor diaria en los centros penitenciarios de todo el país".

Otra de estas peticiones que el Gobierno central no atiende, según los sindicatos de prisiones, pasa por la necesidad de "resolver la falta de personal en prisiones". Serrano calcula que en Huelva hay un déficit de 50 de empleados penitenciarios, 35 de ellos en el penal de La Ribera.

Con todo, dejó claro que "lo que pedimos no es solamente cubrir esos puestos de trabajo, sino que se establezcan unas líneas para establecer una verdadera carrera profesional dentro de los funcionarios de prisiones". Por ello otra de sus reivindicaciones es el fomento de una "formación eficaz y adecuada al difícil trabajo que realizamos a diario".

Establecer mecanismos "eficaces y reales que prevengan las agresiones que sufrimos a diario los empleados penitenciarios de todo el país" también se ha convertido en punta de lanza de las protestas, más allá de las necesarias mejoras retributivas. Siete agresiones se han contabilizado en 2018 en Huelva, según señaló ayer el delegado provincial de Acaip.

Serrano recordó que todavía no se ha resuelto el problema de la cobertura de personal sanitario en el penal de La Ribera, después de que el 15 de noviembre seis enfermeros fueran envenenados con metadona, presuntamente, por otra compañera de la enfermería (en libertad con cargos por estos hechos). De momento no se han incorporado al trabajo: "El hecho es lo suficientemente grave como para que esas personas estén los suficientemente afectadas por tan graves acontecimientos".

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