La negativa del Ministerio de Justicia a atender las reclamaciones del colectivo de funcionarios de Justicia ha llevado a estos a tomar la decisión de convocar una huelga indefinida a partir del próximo lunes, día 22. En total será medio millar de trabajadores y trabajadoras del cuerpo estatal de funcionarios del Estado los que salgan a la calle en la provincia de Huelva para reclamar "condiciones laborales dignas", entre las que incluyen, el reconocimiento y delimitacíón real de funciones y una actualización acorde a estas de los salarios. 

Otra de las cuestiones que plantea el personal de la Administración de Justicia es la paralización de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), cuya aplicación, entienden, mermará aún más sus condiciones laborales de lo que se encuentran actualmente. Bajo el lema "No al clasismo. No a los privilegios", los funcionarios tienen previsto manifestarse activamente esta próxima semana frente a los Juzgados de Huelva. 

La medida se ha tomado por parte del comité de huelga al constatar que el Gobierno está "sordo y ciego" frente a sus problemas, y no hacer nada por una justicia que, dicen, "revienta por los cuatro costados". Tras más de un mes de paros indefinidos, las protestas entran ahora en una nueva fase de mayor dureza cuyo impacto en la actividad de los juzgados se calcula en la reducción de un 80% de su actividad normal. 

"Un muro de incomprensión"

"No nos dejan otro camino", ha explicado una funcionaria del Juzgado nº 3 de Huelva capital que prefiere permanecer en el anonimato. "La actitud pasiva del Gobierno nos ha traido hasta aquí, hemos intentado por activa y por pasiva favorecer el diálogo, dar margen a la negociación pero todo lo que hemos encontrado es un muro de incomprensión". 

Así lo ha reconocido también el comité de empresa, quien ha tachado al Ministerio competente de tratar a los trabajadores como "funcionarios de segunda" despues de llevar décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente". El sindicato CSIF, uno de los convocantes, ha explicado que "si sólo hubiésemos hecho las funciones que se nos asignan la justicia no habría funcionado nunca". 

Este criterio es compartido por gran cantidad de los funcionarios de la provincia. Antonio R. lleva veinte años como funcionario de carrera y asegura que "ahora que paramos es cuando todos se están dando cuenta de lo que sacamos adelante", en referencia al sobreesfuerzo y la sobrecarga de trabajo que se considera una constante en sus trabajos. 

Desde abril se vienen realizando llamamientos para tratar de solucionar la cuestión, con paros parciales y huelgas de 24 horas en las diferentes provincias y que han llegado a afectar a casi 45.000 funcionarios y funcionarias de todo el Estado. "Si no paramos ahora no pararemos nunca", asegura Antonio. "Estamos aquí para que se nos escuche y se nos tome en serio. Si los Letrados consiguieron paralizar una parte de la actividad normal de los Juzgados imagina qué puede pasar si esta huelga se enquista. A lo mejor estamos hablando de 3 años de retrasos en cuestiones esenciales".