La Fiscalía de Huelva ha solicitado la imposición de una pena de dos años de prisión para I.A.G. por extorsionar a una niña de 12 años a través de Internet con el fin de conseguir material de pornografía infantil.

Así consta en el escrito de calificación de la acusación pública, al que ha accedido Huelva Información, en el que se detalla que este hombre es el presunto autor de un delito de contacto sexual telemático con una menor de dieciséis años para la elaboración de pornografía infantil.

El fiscal de Menores y delegado de Criminalidad Informática, Alberto Campomanes, interesa la apertura de juicio oral contra este individuo, mayor de edad y sin antecedentes penales computables, de quien afirma que el pasado 20 de abril "contactó y mantuvo varias conversaciones con la víctima a través de la aplicación de vídeoconferencia bidireccional Skype".

Prosigue indicando que el acusado sabía que la niña "únicamente contaba con doce años de edad en ese momento". A través de este canal de comunicación "le pidió que le mostrara sus pechos, que se quitara la ropa, le propuso enseñarle a masturbarse, le pidió que se pusiera una falda corta para «probar su chochito», le puso plazos para hacerlo y le anunció que, en caso de no hacerlo, enviaría a sus amigos por Internet montajes de sus fotos que él mismo haría".

Afortunadamente, el inculpado "no consiguió su propósito". Fue la madre de la menor la que se percató de lo que estaba ocurriendo y quien frustró sus malas intenciones. La mujer le reprochó lo que estaba haciendo y denunció los hechos ante la Policía Nacional de Huelva, que ha sido la encargada de llevar a cabo la investigación del caso.

Esta extorsión ha tenido consecuencias para la niña, quien "ha visto violentada su tranquilidad emocional, hasta el punto de repercutir negativamente en sus resultados académicos".

Por estos hechos el Ministerio Público solicita al juzgado de lo Penal que juzgará el caso que se le imponga una condena de dos años de prisión, además de tres años de libertad vigilada que se consumarían una vez cumpla la pena de reclusión.

La Fiscalía añade a todo ello la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público, empleo o profesión que implique el contacto habitual con menores de edad por un tiempo de siete años, además de las costas del procedimiento judicial.

Finalmente, se cuantifica en 600 euros la cantidad con la que deberá indemnizar a la pequeña en concepto de "daños morales derivados del delito cometido", a los que habría que sumar los intereses legales.