La circular de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre los robos de recién nacidos está recién salida del horno. Por ello el fiscal jefe de Huelva, Jesús Jiménez Soria, quiere darse un tiempo para analizarla en profundidad. No obstante, a primera vista, "está en la línea de lo que ya veníamos haciendo aquí: considerar que los delitos son de detención ilegal y que no han prescrito", indicó ayer a Huelva Información. "Lo único que ha hecho esta orden es unificar criterios, pero en principio no cambia nada respecto a la postura que veníamos manteniendo", matizó.

Jiménez Soria es realista. Sabe que el auto de noviembre dictado por la Audiencia de Huelva cerrará las puertas a la mayor parte de los procedimientos: "Por mucho que demostremos que hay delito, la sala los archivará por prescripción".

Sin embargo, no todas las esperanzas están perdidas, puesto que "hay casos más cercanos en el tiempo" -especialmente los de los 90- "que habrá que analizar en profundidad". La clave está en "estudiar cada caso como algo único", independiente del resto, con sus singularidades. "No es lo mismo que un juzgado archive un procedimiento porque no hay prueba, porque está prescrito o porque no hay delito". Y la Fiscalía de Huelva está dispuesta a llegar al fondo de la cuestión.

En su opinión, el pronunciamiento de la Fiscalía General "puede ser interesante para los magistrados de la Audiencia, pero no es vinculante". Es decir, que es más que improbable que den marcha atrás en su decisión, "que además es muy reciente y está muy argumentada". Jiménez Soria cree que sólo una reforma legislativa o varias sentencias del Tribunal Supremo que crearan jurisprudencia podrían hacer replantearse a los magistrados su postura que, recordemos, es única en el territorio nacional y corta las alas a todos los asuntos de Huelva pese al empujoncito de la FGE. El camino para que otros casos a nivel nacional lleguen al Supremo es largo, por lo que la posibilidad de un nuevo criterio jurisprudencial no se contempla a corto plazo.

En relación a las exhumaciones, que podrá realizar el Ministerio Público sin autorización judicial, el fiscal jefe de Huelva recordó que "ya se había hecho así en alguna fiscalía, lo que se nos dice ahora es que hay base jurídica para acordar esa medida si la consideramos adecuada y proporcionada".

Aunque cada asunto onubense "habrá que verlo uno por uno", Jesús Jiménez Soria cree que "en los casos que han llegado a nuestras manos no había ningún dato concreto más allá del enterramiento en la fosa común y no vamos a levantar una sepultura en la que hay cientos de cadáveres".

Para desenterrar una tumba "no sólo necesitaríamos la localización precisa, con unas coordenadas determinadas, sino otras pruebas" que pudieran impulsar esa diligencia. Aunque todavía "no tengo datos suficientes para ver si se puede ordenar una exhumación o no" relativa a los casos de bebés robados de Huelva, "es cuestión de estudiarlo".

El pasado mes de mayo, agentes del Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Judicial, acompañaron, junto con funcionarios de la Policía Científica, a cinco familias afectadas que recordaban perfectamente el lugar en el que supuestamente habían enterrado a sus hijos en el cementerio de La Soledad. La presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo, recordó ayer que las víctimas "señalaron los puntos exactos donde supuestamente fueron enterrados sus bebés" después de sospechar que los pequeños les fueron arrebatados al nacer y no yacen allí. "El levantamiento de estas cajitas son la clave de la verdad, un porcentaje muy pequeño de esa gran verdad que esconde la fosa común y que guarda el misterio de más de un centenar de casos de bebés enterrados según las documentaciones de los afectados. Un verdad bajo llave", concluyó Ornedo.