El Ministerio Público onubense pide una condena de cinco años de prisión para un presunto depredador sexual infantil, un individuo de mediana edad y residente en la capital al que acusa de un delito de tenencia y distribución de pornografía de menores.

Así lo ha determinado el fiscal delegado de Criminalidad Informática, Alberto Campomanes, en su calificación de los hechos –tras la investigación del Juzgado de Instrucción 3 de Huelva–, un escrito al que ha accedido en exclusiva Huelva Información y en el que se detalla el proceder de este individuo, con antecedentes penales (cancelables, eso sí) por otro delito de agresión sexual.

Como relata la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, el acusado, "movido por el propósito de satisfacer su apetito sexual a costa de la imagen de personas menores de edad, con plena conciencia de las circunstancias de edad y sumisión de las personas retratadas, buscó consciente y decididamente fotografías y vídeos de menores de edad".

En ellos los niños aparecían "desnudos o realizando prácticas sexuales con otros menores o con adultos". Campomanes subraya que buena parte de este material ha registrado "espeluznantes escenas de abusos o agresiones sexuales a menores de muy costa edad".

Esta actividad del encausado no fue puntual, sino "continuada en el tiempo". Cuando la Policía Nacional entró en su domicilio de Huelva el 31 de mayo de 2018, encontró todo tipo de material pedófilo.

Así, obran en poder del juzgado instructor tras su requisa un ordenador portátil "que contiene nueve vídeos de la clase descrita, así como un registro de uso de aplicaciones Pee2peer, indicativo de la búsqueda de material audiovisual pedófilo y de haber descargado otros archivos que ya no permanecen en el dispositivo", apunta el fiscal en su acusación.

También se le incautó su teléfono móvil personal, "utilizado para participar en numerosos chats de la aplicación Whatsapp donde se comparte material audiovisual sexual de menores". En algunos de ellos el imputado "ha llegado a interactuar con centenares de participantes que han intercambiado miles de archivos de contenido pedófilo".

En una tarjeta de memoria del acusado se localizaron 17 vídeos "de naturaleza pedófila, y otros 22 borrados que han podido ser recuperados". A ello hay que sumar una memoria externa USB, con otros 200 vídeos de la misma naturaleza, y un disco duro "que contiene el sistema operativo y algunas de las aplicaciones empleadas en el ordenador para la comisión de estos hechos".

El fiscal subraya que "ninguno de los menores retratados en los archivos pedófilos ha podido ser identificado".

Pero, sin duda, el detalle más inquietante es que en la casa del acusado "se han hallado diversos juguetes propios de niños de corta edad, golosinas y productos de farmacia para la piel de los bebés", lo que hace sospechar que pudiera tratarse de un auténtico depredador sexual infantil o de que estuviera muy cerca de dar el paso de la pedofilia a la pederastia.

Por todo ello, la Fiscalía considera a este individuo autor de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, por el que estima que debe imponérsele una pena de cinco años de prisión, otro lustro de libertad vigilada y la inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público, empleo o profesión que implique el contacto habitual con menores de edad por diez años.

Finalmente, el Ministerio Fiscal solicita el comiso de los dispositivos intervenidos, "previo borrado seguro de los datos contenidos, al Cuerpo Nacional de Policía como investigador técnico de los hechos para su empleo en la lucha contra el crimen".