Más de 3.000 familias onubenses demandan una vivienda en alquiler

Más de 3.000 personas y/o familias demandan en Huelva una vivienda en alquiler. Este es uno de los datos que ofreció ayer la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, María Villaverde, durante la presentación del decreto de función social de la vivienda aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ayer publicó el BOJA.

Una de las medidas de la nueva regulación es que refuerza las ayudas al alquiler, que tiene como objetivo incentivar aún más esta forma de habitabilidad de una vivienda. Aunque no hay un censo sobre el número de piso deshabitados, la Administración andaluza tiene censada más de 3.000 onubenses que solicitan alquilar una casa. La norma prevé la creación por primera vez de un registro de viviendas deshabitadas, así como una oficina anti desahucios. En Andalucía se contabilizan entre 750.000 y 1.000.000 de casas vacías, según el último censo realizado por la Administración en el año 2001.

Las subvenciones se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.

Así, la Administración intermediará para favorecer el alquiler del parque residencial deshabitado, facilitando fórmulas de concentración de arrendamiento entre propietarios y demandantes. También, podrá desarrollar programas de bolsa de viviendas en alquiler para ampliar el actual parque a precios adecuados.

En materia de incentivos, uno de ellos será establecer un seguro para garantizar el cobro de la renta, en el caso de que el inquilino no lo satisfaga, o un seguro para arreglar los posibles desperfectos que pudieran generarse, esto es, la Junta contratará un seguro y abonará las cantidades en el caso de que el inquilino no satisfaga la renta o genere imperfectos en la vivienda, con ese seguro la Administración regional pagaría cantidades debidas y arreglaría desperfectos.

Villaverde explicó que el nuevo ordenamiento está dotado de seguridad jurídica, ya que se sustenta en leyes como la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y en la propia sentencia del Tribunal de Luxemburgo que ha determinado que en España se conculcan el derecho a la vivienda y la tutela judicial.

En cuanto a la expropiación temporal del uso de la vivienda, el procedimiento de expropiación será de aplicación a inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. La delegada dejó claro que la regulación excluye de forma expresa las residencias secundarias, las destinadas al recreo y las de uso turístico.

Villaverde aseguró que la nueva normativa supone un giro en la forma de encauzar el concepto de la vivienda que pasa de ser considerada una mera mercancía a un derecho.

En el mismo sentido se pronunció el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, quien aseguró que las críticas y el "nerviosismo" del PP demuestran que hay otra forma de hacer política en materia de vivienda y puso de manifiesto que "el Gobierno andaluz es diferente al central". Fiscal subrayó que el reglamento era necesario en estos momentos de extrema necesidad para muchas familias. "Nos asiste la fuerza de la razón y la sensibilidad social, porque sobre todo antepone el derecho de las personas sobre cualquier otro", sentenció.

Por otra parte, respecto a los llamados escrachesr, Fiscal aseguró que "los ciudadanos tienen derecho a mostrar su indignación por los desahucios en la calle, pero los ciudadanos también tienen derecho a no ser objeto de violencia cuando otros protestan".