Casi mil familias se 'agarran' al salario social porque ya no ingresan ni un euro

El salario social empezó siendo un apoyo económico para familias en situación de exclusión, pero la crisis ha hecho que ahora, además, lo perciban también trabajadores que se han quedado en paro, han agotado el desempleo y (después) la ayuda y ya no tienen ningún ingreso con el que poder subsistir mes a mes. En lo que va de año, 989 unidades familiares de la provincia se han acogido a esta prestación económica, entre los meses de enero y febrero, lo que hace presagiar que el año concluirá (si todo sigue como hasta ahora) con un fuerte incremento de beneficiarios respecto a lo anteriores.

Las asignaciones aplicadas hasta el momento dejan una media mensual de 499 cada mes, cuando la media mensual del año paso fue de 304; de ahí que se pueda hablar (sólo de forma orientativa) de la posibilidad de disparar hasta los 5.934 los beneficiarios de este año, frente a os 3.658 de 2011 y los 2.796 del año anterior.

Los beneficiarios de este salario son personas empadronadas en la provincia, pertenecientes a hogares en los que todos sus miembros se encuentran en situación de desempleo y sin ningún tipo de prestación económica.

Esta ayuda no es sólo una aportación económica; a cambio hay que adoptar una serie de medidas como erradicar el absentismo escolar entre sus hijos o comprometerse a la integración en los ámbitos de salud, vivienda y capacitación profesional para la inserción en el mercado laboral. El perfil de las personas que solicitan esta ayuda ha cambiado como consecuencia de la crisis económica. Así, si hasta 2008 los demandantes de Salario Social coincidían con miembros de familias desestructuradas, en riesgo de exclusión social, en los últimos meses se viene notando un cambio sustancial en cuanto a las características de las personas que demandan esta ayuda, que ya concentra más miembros de familias normalizadas, en las que todos sus miembros se encuentran en situación de desempleo. La mayor parte de las solicitantes son mujeres (61,33 %), de edades comprendidas entre los 26 y 45 años (61 %). Desde la Delegación de Igualdad se apunta también a que el nivel de formación más representativo es el Graduado Escolar. En cuanto a los Oficios, destacan los relacionados con la construcción (albañiles, encofradores, etc.), los que se dedican a tareas agrícolas, trabajos domésticos sin remunerar y tareas de limpieza.

El porcentaje de solicitantes nacionales acogidos al programa es de 95,58%, frente al 3,87% de los que llegan desde los países comunitarios 3,87 %, y entre ellos destacan los de nacionalidad rumana; el resto (0,55%) es de países no comunitarios.

Las familias con más necesidad o que más se ajustan al perfil son las unipersonales, seguidas de las familias nucleares con hijos. Atendiendo a los residentes en la capital, el mayor número de solicitudes procede del Torrejón, La Orden y Los Rosales.

La demanda puede llegar de forma directa a través de la Delegación de Igualdad, pero en la mayoría de los casos viene derivada por los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos. Las administraciones autonómica y local trabajan en colaboración para que este engranaje funcione, pero es la Junta de Andalucía la que abona las ayudas. Los ayuntamientos remiten los casos y luego también participan en su seguimiento. El salario social forma parte del programa Solidaridad de la Administración andaluza, que se ha ido adaptando a las necesidades sociales , incluyendo la perioricidad de pagos.