"Destruyen el yacimiento de La Orden para el relleno de la estación del AVE". Así de contundente era la noticia que publicó Huelva Información hace ahora un año. Lo que constituyó uno de los más graves atentados contra el patrimonio histórico se llegó a convertir en el gran revulsivo ciudadano para reclamar a la Administración no solo la cautela del mismo sino su conservación y difusión. Con el daño hecho, lo que se pone de relieve como balance es que se activara una conciencia colectiva, gracias a esos dioses que aquí nos miran.

El yacimiento arqueológico de La Orden-Seminario que descubrió la Huelva de finales del Neolítico, convirtiéndola en la ciudad más antigua de occidente, acabó de relleno para la futura estación del AVE. El movimiento de tierra lo denunció el arqueólogo Diego González Batanero, responsable de las excavaciones que en esta zona realizó en 2006, saca a la luz la ciudad más antigua de Occidente, con 5.500 años de historia. El gran movimiento de vaciado de tierra imposibilitaría a partir de ahora dar continuidad a nuevos estudios arqueológicos, aunque afortunadamente se cuenta para futuras investigaciones con otras doce hectáreas, de propiedad de la Administración en un 90%.

Lamentarse no conducía a nada, aunque sí era necesario buscar responsables en esta tropelía. El Ayuntamiento de Huelva abrió expediente por los daños en el yacimiento. Urbanismo aclaró que el movimiento de tierras no contaba con permiso alguno.

Lo que a nadie se le escapa es que esto fue un gran gol que se le marcó a la Administración. Ni Ayuntamiento de Huelva ni Junta de Andalucía, por cuanto debe de velar por la protección de los bienes de interés cultural de la ciudad, no se percataron en ningún momento del movimiento de tierras que debió de llevarse a cabo durante varias semanas e incluso meses a la mirada de todos.

Los dueños de las parcelas afectadas son las constructoras Bekinsa, propietaria de tres de ellas, y una cuarta de Altamira. La empresa Transportes Téllez que extrajo la tierra aseguraba que Bekinsa lo autorizó y admitió que trabajó sin saber si había permiso municipal.

Adif no paralizó las obras para buscar restos procedentes del yacimiento, tampoco había mucho que encontrar. Los propios arqueólogos hablan de que estarían triturados y descontextualizados. Lo que sí se va sosteniendo es la denuncia que llega a la fiscalía de Medio Ambiente a través del Seprona. El fiscal Alfredo Flores asegura que los daños son constitutivos de delitos al estar ante un BIC y reconoce que "desgraciadamente lo grave está hecho". El Ayuntamiento respondió al expolio del yacimiento con el cese del jefe de servicio, José Arias, destituido por decreto de la alcaldía como responsable de la supervisión de los movimientos de tierra. Una decisión que no convenció mucho entre los compañeros de Urbanismo. Le quedaba solo un mes para jubilarse y se criticó que la responsabilidad solo fuera en el ámbito técnico y no político. José Arias aseguró en declaraciones a este periódico que "se han acordado de mí para quitarse el lío de encima" y afirmó que el equipo de gobierno lo destituyó porque "no se habían enterado" del expolio. Además, explicó que en el tiempo que se produjo el expolio se encontraba de vacaciones.

La Junta de Andalucía hizo una valoración económica, previa y provisional, del daño causado por los movimientos de tierra realizados en parte del yacimiento arqueológico, que alcanza los 302.590 euros. Informe que llegó el 22 de enero a la Fiscalía. A pesar de ello no ordenó paralizar las obras hasta el día 18 porque "ya no había movimiento en la zona".

A partir de ese momento se inicia la reclamación de responsabilidades políticas y la gran pasarela de políticos por el lugar del expolio. Lo que nadie se esperaba es que esta partida quien la iban a ganar eran los ciudadanos en la calle y así la movilización bajo el lema Huelva te mira resultó todo un éxito. El manifiesto dirigido a los onubenses hace una reclamación a las autoridades para que exijan responsabilidades del expolio, así como las medidas inmediatas para la protección del yacimiento y su excavación. Un manifiesto en el que igualmente se reivindica no solo esta parcela, sino el resto del patrimonio arqueológico de Huelva, como edificios de interés de la ciudad. Se rechaza la destrucción sistemática del patrimonio natural, arquitectónico, histórico y paisajístico. Cientos de personas consiguieron rodear toda la zona afectada en una convocatoria movida en las redes sociales sin tinte político alguno. A estas denuncia se sumó el Defensor del Pueblo que realizó una queja de oficio por la Zona Arqueológica.

Un mes después de que se denunciara en Huelva Información del expolio del yacimiento, con la que comienza toda la movilización, se produjo una nueva foto, junto a la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, todos acuden al lugar. Los partidos escenifican su apoyo a la realización de un proyecto de investigación que abarcará toda la ciudad. Acuden también miembros de las plataforma ciudadanas y el arqueólogo que lo inició todo, Diego González Batanero. La Consejería de Cultura y la Universidad de Huelva firman un protocolo de actuación para el estudio de la Zona Arqueológica de Huelva. En el mismo, la Onubense adquiere el encargo de elaborar un Plan General de Investigación para todos los yacimientos de la capital. Asistieron, además de Rosa Aguilar, el rector de la Universidad como firmante, Francisco Ruiz, y el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz.

La primera de las respuestas a este interés colectivo por el yacimiento es el vallado de la zona con el objeto de protegerla y en especial la que todavía no está afectada. Una nueva sorpresa llegó en el mes de abril, cuando se vuelve a conocer otro expolio, ahora en la zona del mercadillo de los viernes. Todo hace pensar que la causa es la ampliación que algunos vendedores realizan de la zona de los puestos. Se piensa entonces en la reubicación del mercadillo, lo que no se lleva a cabo hasta día de hoy. El vallado es un episodio largo hasta conseguir que todo cuente con su malla protectora. Es el viernes 30 de septiembre cuando hubo un nuevo varapalo en las parcelas arqueológicas con el robo del alambrado de parte del mismo en la zona del mercadillo.

Ahora todo está en manos de la Universidad de Huelva que dispone desde noviembre de un presupuesto de 100.000 euros para iniciar el Plan de Investigación de la Zona Arqueológica de Huelva. A realizar en los próximos seis años por Vrbanitas, Arqueología y Patrimonio, y el grupo de investigación de la UHU, al frente del cual se encuentra el catedrático de Arqueología Juan Campos.