Nuevo varapalo al turismo. El Gobierno portugués tiene previsto implantar el pago obligatorio en la autovía del Algarve, lo que supone que a partir de entonces  (la fecha inicial es  el viernes, aunque  podría variar) los onubenses deberán pagar por cruzar la frontera y que a los turistas que llegan a través de Faro también se les incrementa el coste de sus viajes hasta nuestra provincia. El sobrecoste ha hecho saltar las alarmas en el sector turístico (no es el único afectado) ya que a la falta de rentabilidad de los hoteles se les suma ahora el posible freno en la entrada de visitantes que se espera que llegue de la mano de esta medida. Y lo peor, su implantación puede coincidir con la celebración de la Semana Santa, inicio de la temporada alta del sector. En la zona más cercana al Algarve no se descartan movilizaciones para impedirlo.

El problema llega justo después de tener que haber invertido  veinte años en el acercamiento entre los dos países, a través de convenios y promociones conjuntas para impulsar el desarrollo económico de ambas zonas. Los resultados quedan patentes en algunas cifras; las referidas únicamente a nuestra provincia hablan por sí solas: anualmente llegan a Huelva 150.000 turistas a través del servicio de transfer que traslada a los visitantes desde Faro hasta la provincia. Un volumen que ahora se teme perder. Como también se sospecha que la medida repercuta negativamente en los turistas que anualmente llegan también desde este aeropuerto (a través de vehículos de alquiler) a los campos de golf de la provincia, principal segmento para luchar contra la estacionalidad. En total, más de 300.000.

El pago en la autovía (paradójicamente denominada SCUT, que corresponde a auto-estradas sen custo para o utilizador, o lo que es lo mismo: autopistas sin coste para el usuario) se extenderá presumiblemente tanto a particulares como a profesionales.  De momento, no se ha fijado el coste que se aplicará en la vía del Algarve (la falta de información y concreción desespera aún más al sector), aunque si nos fijamos en las tarifas asignadas (desde el 15 de octubre  del año pasado) en el norte del país, el importe podría oscilar entre los 0'13 euros por kilómetro en el caso de los camiones y de 0'04 euros para los turismos. Pero el problema añadido de esta carga es que no se paga por kilómetro recorrido ni se puede abonar de ninguna otra forma que no sea mediante dispositivos electrónicos.

No hay cabinas de peaje, ni pago con tarjeta, ni nada parecido: "Es un dispositivo del siglo pasado", entiende el secretario general de la FOE, Rafael Ávila. No le falta razón, porque sólo se podría  abonar con un aparato que lleva incorporada la matrícula del vehículo y resulta complicado pensar que cada persona que vaya a viajar en coche a Portugal tenga que adquirirlo. De momento (siempre tomando como referencia lo aplicado en el norte del país) el problema se está solucionando de forma muy rudimentaria (y también muy rentable para el Gobierno portugués): en las gasolineras se venden unos aparatos que funcionan como una tarjeta prepago. Este aparato provisional (que no lleva incluida la matrícula del vehículo) cuesta 77 euros (incluye los 27 euros de alquiler y la recarga adicional de 50 euros para vehículos ligeros). El tiempo válido para su consumo es de 90 días. Si no se utiliza en su totalidad, no habrá devolución alguna.

Los mayores problemas son para los transportistas. Primero porque tienen que perder horas en las gasolineras hasta conseguir el aparato que les libre de pagar multas, pero además es que el coste del mismo, de 127 euros para los camiones, no se puede desgravar al no llevar la matrícula del camión. En esta situación se encuentran más de 271.558 transportistas que pasan anualmente a Portugal a través del cruce de Ayamonte (sólo teniendo en cuenta los vehículos pesados). No es de extrañar que, ante esta situación,  la asociación de transportistas Fenadismer ya presentara en su día una denuncia al Gobierno portugués por esta situación a través de la asociación equivalente en Portugal, la ANTP. Mientras, en la zona más cercana a la frontera se preparan movilizaciones. La polémica está servida.