Asaja-Huelva ha dado voz a profesionales expertos en legislación laboral y también a la administración responsable de aplicar y vigilar la normativa para tratar de esclarecer, con la aportación de una y otra parte, el nuevo marco jurídico laboral tras la aprobación del Salario Mínimo Interprofesional y el Registro Horario. Para ello, ha contado con la participación de Jesús Manuel Ortega Limón y Enrique Pérez Viguera, del despacho Cossio & JCJ y con Luis Roda Oliveira, jefe provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Huelva, en una jornada que contó con más de un centenar de asistentes de las distintas empresas agroalimentarias de la provincia y que fue inaugurada por el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Agustín Vázquez.

Durante su intervención, el delegado reconoció que los cambios, que afectan muy especialmente al sector agrario, “son de cierto calado y complejidad”. “La subida ha sido algo desproporcionada sobre todo si tenemos en cuenta las subidas de años atrás, que ponen de manifiesto el brusco incremento al que el empresario debe adaptarse en tiempo récord”, expresó, mostrándose de acuerdo en el hecho de que un 22,3% de subida es “un tremendo esfuerzo para los empresarios y que, extrapolado al sector agrario, supone un esfuerzo aún mayor”.

La implantación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional ha supuesto una intromisión en el derecho a la negociación colectiva, que desde hace muchos años da como resultado el Convenio del Campo de la Provincia de Huelva del que el presidente de Asaja-Huelva, José Luis García-Palacios, destacó su importancia y el “orgullo” que supone buscar año tras año el escenario adecuado para poder llegar a los acuerdos necesarios. En este sentido, agradeció la asistencia a la jornada de los representantes de Comisiones Obreras de Huelva.

La primera ponencia fue la del inspector de trabajo en excedencia y abogado constituyente del despacho Cossio & JCJ, Jesús Ortega. En su intervención, al tiempo que establecía el escenario actual, advertía que el SMI ha sido objeto de impugnación por parte de Asaja en diversas provincias y también de otros colectivos empresariales por considerarlo ilegal y que es bastante posible que el Tribunal Supremo lo anule, algo que podría suponer un precedente único en nuestro país.

Por su parte, el inspector de trabajo y colaborador del despacho Cossio & JCJ, Enrique Pérez Viguera, que fue presentado por el secretario general de Asaja-Huelva, José Luis Marín –quien destacó la colaboración y el apoyo que Pérez Viguera supuso para la organización durante el tiempo en el que ocupó el cargo de subdelegado del Gobierno-, incidió en la necesidad de “ponerse las pilas para adaptar el registro de jornada a cada sector” y llamó la atención sobre la enorme evolución experimentada por el mercado laboral y sobre lo compleja y difícil de aplicar que es la normativa aprobada en uno de los “viernes sociales” del Gobierno de Sánchez. Pérez Viguera calificó el Real Decreto Ley que da cabida a la implantación de la obligatoriedad de implantación del registro horario como un “real ómnibus”, en el que se incluían otras medidas que nada tenían que ver con el registro horario.

El jefe provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huelva, Luis Roda Oliveira, fue muy esclarecedor y también tranquilizador para los presentes desde el punto y hora en el que el responsable admitió que “la inspección de trabajo es la primera que tiene dudas de cómo articular las condiciones del registro de jornada” y que será “prudente” a la hora de ejercer su función aunque advirtió que, especialmente en el tema concerniente al SMI, la inspección tiene que trabajar con la normativa vigente para lo que espera que el TS se pronuncie lo antes posible con el fin de que todo el mundo tenga claro cuáles son los parámetros que hay que aplicar.

José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de Asaja-Huelva, fue el encargado de clausurar esta jornada de trabajo y tras agradecer la participación de todos los ponentes, destacó la “incoherencia” en la que muchas veces se fundamentan leyes como las que han sido objeto de debate en la jornada y los quebraderos de cabeza que causan a la sociedad, como es el caso. “Ante ese impulso legislativo, no tenemos otra cosa que hacer que cumplir con el objetivo de nuestro origen, que es la defensa del interés de nuestras empresas asociadas, y para ello se organizó esta jornada, para poner luz y dar voz a profesionales expertos en la materia y también a la administración, porque es fundamental la relación público-privada en nuestra sociedad”, explicó, para anunciar por último que la organización agraria está trabajando para implementar una herramienta telemática que facilite el registro, diseñada para el sector agroalimentario, que se presentará próximamente.