Unos 10.000 empleados de Educación verifican que no tienen delitos sexuales

Buena parte del sector de la Educación de Huelva ha pasado un proceso novedoso que responde a la Ley Orgánica sobre Protección Jurídica del Menor. Cerca de 10.000 personas han tenido que presentar, por vía telemática, su consentimiento a que desde el Ministerio del Interior se pueda verificar que estos empleados de la Educación no tienen antecedentes en delitos sexuales, lo que debe ser expedido en última instancia por el Registro de Delitos Sexuales. Se trata de un cruce de los datos de la Consejería de Educación de la Junta con los que se encuentren en el mencionado registro.

Este requerimiento se ha hecho imperativo para todos aquellos que quieran ejercer "profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores" y que tienen que dejar constatado "no haber sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual". El artículo del Real Decreto añade que "quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales", tal y como indica su artículo 13.

Para dar el visto bueno a que Interior consulte los datos de cada uno de los empleados afectados en Educación, se dio un plazo de 10 días que concluyó el 30 del pasado mes de junio.

La medida evita que las personas requeridas no tengan que presentar un certificado de penales.

El proceso para el contingente de personas llamado a cumplir el requerimiento, se ha salvado con escasos incidentes, si bien el consentimiento se ha tenido que realizar, de manera exclusiva, por vía telemática, no permitiéndose que los empleados de Educación pudieran hacer entrega de ello en el Registro de Entrada de la sede de la Delegación Territorial.

Según confirmó la propia Delegación, "la obtención del certificado para trabajo con menores (personal de la Consejería de Educación) y su acreditación ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación finalizó el pasado jueves 30 de junio".

Pese a que el plazo oficial ha terminado, Educación en Huelva aclara que "las personas que no hayan podido resolver la tramitación a tiempo serán atendidas por la Administración educativa, que ha adoptado las medidas necesarias para disponer la aplicación y el cumplimiento de los requisitos dispuestos por la normativa en relación con la acreditación de ausencia de antecedentes delictivos para el personal público en sus desempeños profesionales en relación con menores".

El único problema surgido en el proceso llevado a cabo ha sido la necesidad de contar con la tarjeta DIPA (Documento Identificativo del Profesorado Andaluz), imprescindible para introducir esa solicitud de acreditación en el Programa Séneca, auténtica columna vertebral del sistema educativo andaluz. Un amplio sector, al menos de los docentes, no contaba con el documento DIPA, lo que ha ralentizado un poco el proceso.

Según indicó Enrique Jabares, presidente de la Asociación de Directores de Colegios de Primaria de Andalucía (Asadipre), la finalidad es que "para la primera quincena de septiembre, todas las personas que han enviado el requerimiento tengan su certificado de estar exentas de cualquier antecedente en el campo ya mencionado".