Huelva

El coste elevado del desarrollo urbanístico en el litoral onubense

  • El azote de los sucesivos temporales deja al descubierto la invasión producida en el dominio marítimo terrestre y la modificación de la línea de costa en aras del turismo

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El mar se lleva lo que es suyo y devuelve lo que no lo es. El litoral onubense es un dominio muy reciente con una fuerte dinámica geológica, que se manifiesta en una continua modificación de la línea de costa, con un cordón arenoso salpicado de islas-barrera y flechas litorales como son Isla Canela-Punta del Moral, Isla Cristina y la flecha de El Rompido y El Portil-Punta Umbría. El ecosistema se ha visto afectado desde los años 70 por el desarrollo turístico que, como en el resto del litoral andaluz y nacional, ha condicionado la franja costera. En la provincia onubense el Proyecto de Promoción Turística de la Costa estableció las bases del crecimiento inmobiliario. Desde entonces, la línea litoral ha sido sometida a una serie de presiones urbanísticas, construcción de espigones incluida, que han modificado el margen costero.

Inicialmente, el desarrollo turístico se centró en viviendas de segunda residencia: chalés y algunos bloques de mediana altura que se fueron diseminando desde Ayamonte hasta Matalascañas. Para entonces ya se había obviado que el oleaje en Huelva viene en dirección suroeste, un extremo que será determinante en la dinámica de las playas.

La pérdida de arena en las playas es constante cada vez que se registra una borrasca

A finales de los setenta se dio un gran avance al desarrollo turístico onubense, siendo en este momento cuando el litoral se entrega al producto inmobiliario de ocupación en temporada vacacional, pero basado en el residencialismo y en el turismo nacional de baja intensidad que permitió al mismo tiempo la conservación de áreas litorales de gran valor natural como Los Enebrales de Punta Umbría, la Laguna de El Portil, la Flecha de El Rompido, las Marismas del Piedras y las marismas de Isla Cristina e Isla Canela.

En Punta Umbría, el desarrollo urbanístico da como resultado un espacio residencializado en el que se combinaban casas unifamiliares en la primera línea de playa con torres de hormigón. A comienzos de este siglo se produjo un nuevo desarrollo hacia poniente, con la construcción de diversos hoteles en el límite con el espacio protegido de Paraje Natural de los Enebrales.

El boom turístico llegó a Huelva entre finales de los años 80 y primeros de los 90, aunque para entonces Matalascañas ya era un núcleo con referencias a nivel nacional. Así, en el conjunto de la Costa occidental surgieron nuevos núcleos turísticos más o menos cercanos, cada uno de ellos con sus propias características, en los que se alternan ahora los bloques de apartamentos con las viviendas unifamiliares adosadas y con hoteles de alta gama. Un desarrollo urbanístico que se caracteriza, sin embargo, por el protagonismo de grandes proyectos, su lento crecimiento y su conflictividad. Una apuesta que supone el abandono o el replanteamiento de los núcleos tradicionales y el desarrollo de nuevas áreas.

Islantilla aparece como un paradigma. Lepe e Isla Cristina crearon la Mancomunidad de Islantilla con la intención de desarrollar turísticamente la zona costera entre las urbanizaciones de La Antilla y Urbasur. El nuevo proyecto se planteó con la intención de ser respetuoso con el medio ambiente, lo que se conseguiría, en principio, con una apuesta por el turismo de calidad. Al cabo de dos décadas, Islantilla aparece como un centro hotelero y residencial consolidado.

Isla Canela-Punta del Moral, en Ayamonte, es otro prototipo que en este caso ha supuesto una ocupación constante del dominio marítimo terrestre, con la construcción sobre arenales costeros que ha repercutido negativamente sobre la zona marismeña.

Isla Canela se erigió a 20 metros de la franja de servidumbre marítimo terrestre, cuando la Ley de Costas de 1988 establecía un límite de 100 metros, tomando como referencia la pleamar.

Nuevo Portil, contiguo a un proyecto residencial de los años sesenta (El Portil) tomó fuerza desde finales de los años noventa, basado en la construcción de viviendas unifamiliares exentas y adosadas, con la dedicación a zona hotelera del frente urbanístico.

Fue un desarrollo urbanístico y turístico en detrimento del litoral y a sabiendas de que la dinámica natural va a contrapié del aprovechamiento turístico de las playas.

Así, inútiles resultan, como se viene demostrando, los aportes adicionales de arena a través de un dragado u otros sistemas. Desde hace años los temporales que azotan a la costa, como es el caso de Emma, ocasionan grandes pérdidas de arena en las playas. Esto se debe en parte, según el catedrático de la Universidad de Huelva Juan Antonio Morales, a que el movimiento de la costa onubense muestra que el período natural en el que las playas se regeneran es el de primavera-verano. A partir del otoño, son los temporales los que se encargan de retirarla. Este vaivén de arena hace que el perfil de la playa tienda a comportarse de forma cíclica y flexible.

Los temporales de invierno son siempre erosivos, con pérdidas netas de arena que pueden ser compensadas con la recuperación que se asegura en los meses estivales. Sin embargo, la ocupación indebida de arenales costeros ha roto esta dinámica reequilibradora. De ahí la inutilidad y el "despilfarro" que supone la denominada regeneración de playas.

La modificación de la Ley de Costas en 2012 introdujo varios cambios, como que viviendas en la playa podrán seguir 75 años más, que se suman a los 30 o 60 años que ya les dio la normativa vigente desde 1988. Precisamente estas viviendas y edificaciones son las que más se han visto afectadas por la borrasca. La combinación perfecta de un temporal desatado y coeficientes de mareas muy altos, junto a los fuertes vientos, ha ocasionado daños en el litoral onubense.

Conservacionistas y científicos aseguran que el escenario para multiplicar los impactos del temporal se ha producido debido a una política de ocupación privada de un bien público, como es la playa, y ha desembocado en esta desprotección legal de un bien público tan vulnerable y frágil como es el dominio público marítimo terrestre, unidas a las consecuencias de la fiebre del ladrillo de la década pasada con urbanizaciones y paseos marítimos destruyendo cordones dunares.

La concurrencia de competencias a la hora de gestionar este dominio, con la Dirección de Costas del Gobierno central, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos que otorgan las concesiones, es otro de los factores que han contribuido a consolidar a la situación actual.

Con este panorama, varios estudios señalan que en la costa onubense es necesaria una actuación integral que debe abarcar desde Ayamonte hasta Matalascañas. Los destrozos que ocasionan las tempestades vienen de lejos y apuntan a la construcción del espigón en la parte portuguesa de la desembocadura del Guadiana y en el Juan Carlos I de Huelva, que llega hasta Mazagón.

Ya en 2002 fue necesaria en Matalascañas una regeneración de casi toda la playa. En 2009, una delegación del PSOE, con el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, visitó el litoral almonteño tras el paso de un temporal para comprobar los desperfectos y ofrecer una solución. Desde entonces los destrozos se han sucedido no sólo en esta zona, sino en toda la costa cada vez que ha llegado una borrasca. En 2014 y 2016 se sucedieron imágenes similares a las últimas que se han difundido en los medios de comunicación de El Portil, La Antilla e Isla Cristina, con edificaciones a punto de derrumbarse por la pérdida de arena como consecuencia de las embestidas de las olas, chiringuitos completamente destrozados y paseos marítimos dañados.

La historia se repite y esta vez han sido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, los que conjuntamente han visitado la costa onubense tras la huella dejada por la tempestad.

Colectivos reclaman ahora al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía la implantación de las medidas previstas en el estudio presentado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2014, para dejar por fin de poner parches y malgastar el dinero de los ciudadanos.

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