La defensa del menor acusado de matar a su madre en julio de 2020 en el núcleo lepero de La Antilla ratificó, en el juicio en el que se ha enfrentado a una acusación por delito de homicidio, su petición de absolución por entender que el menor “no tuvo en ningún momento la intención de causar la muerte de su madre”, así como que concurrían “otras circunstancias de índole personal que constituyen atenuantes y eximentes en diferente grado”.

Así, este pasado jueves concluyeron las sesiones del juicio –llamado audiencia en la Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de las personas menores de edad–, que ha quedado visto para sentencia, y en el que se practicaron las pruebas del presunto homicidio cometido por el menor, según indicó la Fiscalía en una nota de prensa. De este modo, la acusación que ha sostenido la Fiscalía de Menores es que el menor “causó la muerte por asfixia” de su madre el pasado 19 de julio de 2020, “tras una discusión ocurrida en la vivienda familiar ubicada en la población de La Antilla”.

Por ello, durante la audiencia, ha mantenido la acusación por delito de homicidio, por lo que solicitaba la imposición de ocho años de internamiento en régimen cerrado con tratamiento ambulatorio para su salud mental, seguidos de otros cinco años de libertad vigilada. Se trata de la máxima duración prevista en la Ley Penal del Menor. El juicio ha quedado visto para sentencia, sobre la que podrá interponerse recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

El escrito de alegaciones del Ministerio Público señalaba que el joven de 17 años pasaba el verano en la localidad costera con su madre “cuando sobre las 15:00 horas del día 19 de julio de 2020 se inició una discusión verbal entre ambos en el domicilio, hasta que llegó un momento en el que él, con ánimo de acabar con la vida de su madre, y sin que conste si actuó solo o en compañía de otras personas, procedió a dar muerte a la misma, estrangulándola con las manos, causándole fallecimiento por asfixia”.

Asimismo, este escrito indicaba que, tras el suceso se intervino un teléfono móvil, que fue “objeto de la discusión previa” y un cojín, del que creen que “se habría servido el expedientado en el hecho”. En el lugar, la Guardia Civil asistió al médico forense en las tareas de levantamiento del cadáver y obtención de fuentes de prueba. Estas pesquisas fueron supervisadas por la juez de guardia de Ayamonte y el fiscal delegado de menores.

El menor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de menores, y la magistrada titular del Juzgado de Menores acordó la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado, la medida más severa de la Ley Penal del Menor. Desde entonces, el expedientado ha permanecido en el correspondiente centro de internamiento, en el se encuentra a la espera de que se dicte sentencia.