Los desahucios siguen acorralando a cientos de familias onubenses cada año. Sólo en 2017, los juzgados de Primera Instancia de nuestra provincia practicaron 750 lanzamientos, una media de dos diarios que rubrican un incremento del 28,4% con respecto a los de 2016. Son 166 más.

Es lo que se desprende de los datos que aglutina la estadística Efecto de la crisis en los órganos judiciales, publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Javier Arellano, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Huelva y miembro activo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), considera que este crecimiento es consecuencia directa de "lo que vemos a diario en las caras de la pobreza, en una Huelva con niveles altísimos de paro; el de la vivienda es un estigma social que va muy aparejado a ello".

Cuando una familia no puede hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler, se desata el procedimiento de desahucio. Observa el profesor Arellano que desde hace unos años las entidades bancarias "han negociado con los moradores, alcanzando acuerdos de dación en pago de la vivienda o de alquileres sociales, pero estos tienen una caducidad de dos o tres años y ahora están dando la cara, acabando de nuevo en lanzamientos".

Se refiere con ello a que el 25,6% de los desalojos practicados son consecuencia de los procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, 192 concretamente, del 4,3% más que en 2016. Si los inquilinos tampoco responden al abono de las cuotas del alquiler social, acaban en la calle.

Sin embargo, son los desahucios que proceden de ejecuciones hipotecarias -las familias firmaron un préstamo para adquirir el inmueble- los más abundantes en nuestra provincia. Sólo el año pasado fueron 524. Siete de cada diez practicados por los órganos de la jurisdicción civil. El incremento interanual ha sido del 34,3%, ya que se llevaron a efecto 134 más que en el ejercicio precedente, según los datos del Poder Judicial.

Javier Arellano augura, no obstante, un descenso de los lanzamientos hipotecarios a lo largo de este año y en los sucesivos: "En mayo de 2017 el Gobierno flexibilizó los requisitos hasta 2020 para acceder a las moratorias, en busca de una salida para las familias cercanas a la exclusión social que no cumplían estos requisitos y eso se acabará viendo con el paso de los meses".

El mapa provincial de los lanzamientos practicados deja claro cuáles han sido los partidos judiciales más castigados. En primer lugar se ubica el de La Palma del Condado, con un crecimiento del 55,3% en el volumen de desahucios en sólo un año, pasando de 47 a 73.

Le sigue el de Huelva. Es el que tiene mayor densidad poblacional, por lo que clausuró el año con 461 lanzamientos, frente a los 330 del ejercicio anterior. Esto se traduce en un incremento interanual del 39,7%. Con 140 lanzamientos a 31 de diciembre se coloca el partido judicial de Ayamonte, un 27,3% más. Cierra esta evolución ascendente el de Moguer, con 28 lanzamientos, el +21,7%.

La otra cara de la moneda se presenta en los de Valverde del Camino y Aracena. Rompiendo la tendencia del resto de la provincia, el partido valverdeño acabó 2017 con sólo 12 lanzamientos, lo que ha supuesto un descenso del 58,6%. En el aracenense el decrecimiento de los desahucios fue del 20%, con 36 practicados por la autoridad judicial.

Para el profesor de la Onubense y miembro de la PAH, el sustrato de fondo de los lanzamientos en el territorio onubense y en el resto del mapa nacional "es la ausencia de una ley de vivienda global que profundice en los verdaderos problemas para la búsqueda de vivienda social, pública y digna". Todo se conjuga con "unos niveles de renta que dejan mucho que desear".

En opinión del experto en Derecho Civil de la UHU, "la situación de pobreza de Huelva está cercana a la cronificación, con más del 30% de la población en riesgo de exclusión; así que el Gobierno debe aplicarse a fondo para combatir estas situaciones tan delicadas con una ley integral de vivienda en condiciones y con otras medidas como una lucha de verdad contra la economía sumergida". Entiende Arellano que no es de recibo que muchos ciudadanos "no tengan un acceso a las viviendas libres en alquiler, porque en la capital onubense, por ejemplo, el precio medio mensual es de 450 ó 500 euros".

Lo mismo ocurre con las cuotas hipotecarias "que muchas familias se ven obligadas a dejar de pagar". Luego llega la reestructuración financiera que las entidades bancarias ofrecen a los clientes que se ven en esta tesitura. Con ellas se evitan las ejecuciones hipotecarias. Es este uno de los motivos, señala Arellano, por el que estas han caído en picado en 2017: de 883 a 492 (-44,3%).

El otro está en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró nulas las cláusulas de vencimiento anticipado al inicio del pasado año y que el Tribunal Supremo de España le ha preguntado que hasta qué punto dicha nulidad afecta a la totalidad del contrato hipotecario, una respuesta que todavía está por llegar. Entretanto, "muchos juzgados están suspendiendo los procedimientos de ejecución hipotecaria, mientras que otros los archivan directamente".

Las entidades bancarias, observa el experto, "han buscado en muchos casos una vía alternativa para no permanecer en esta zozobra, por lo que están acudiendo a la apertura de procedimientos declarativos, que se resuelven en mucho más tiempo, la mayoría de ellos orientados a la reclamación de daños y perjuicios".