Denuncian un incremento del 200% en las agresiones a guardias civiles en Huelva y piden que sea considera una "profesión de riesgo"

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado públicamente la crítica situación que atraviesan los agentes en la provincia de Huelva, donde la violencia contra las fuerzas de seguridad ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos cinco años. Según los datos oficiales recabados por la organización profesional, entre los años 2020 y 2024 se contabilizaron un total de 177 agresiones a guardias civiles en la provincia, lo que representa un alarmante incremento del 200% en este periodo. Esta tendencia alcista no solo se refleja en el número de ataques, sino también en la gravedad de sus consecuencias, ya que la cifra de agentes lesionados se ha disparado un 380% durante el mismo intervalo de tiempo.

Esta preocupante realidad ha derivado en un impacto directo sobre la operatividad del cuerpo y la salud de sus componentes, registrándose un aumento del 240% en las bajas médicas causadas específicamente por estas agresiones. Desde la AUGC subrayan que estas bajas afectan seriamente a la seguridad ciudadana, dado que detraen de las calles a agentes que quedan imposibilitados para prestar servicio. A pesar de la contundencia de estas estadísticas, la asociación lamenta que el Ministerio del Interior y el Gobierno central sigan sin tomar iniciativas eficaces para reducir estos ataques y, especialmente, que persistan en su negativa a reconocer a los guardias civiles y policías nacionales como profesión de riesgo. Esta condición de riesgo ya ha sido otorgada a otros cuerpos como la Ertzaintza desde 2009, las policías locales desde 2019 y tanto a los Mossos d’Esquadra como a la Policía Foral desde el año 2022.

Para la asociación, los motivos que explican esta deriva violenta son múltiples y responden a un deterioro generalizado del principio de autoridad, agravado por la falta de garantías jurídicas y unas sanciones penales que consideran insuficientes. A esto se suma el incremento de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y la carencia de una Zona de Especial Singularidad que dote de más recursos a la provincia. Asimismo, la AUGC hace especial hincapié en la alarmante falta de personal, señalando que actualmente existen más de 300 vacantes sin cubrir en la plantilla de Huelva, a las que habría que añadir la necesidad de incorporar al menos a otros 200 agentes adicionales para evitar que patrullas desbordadas tengan que intervenir en situaciones de alto riesgo sin los apoyos necesarios.

En el ámbito legal, la organización muestra su disconformidad con la tramitación de estas agresiones mediante juicios rápidos, argumentando que en muchos casos se pretende celebrar la vista judicial antes de que las lesiones hayan curado o hayan sido correctamente evaluadas por un médico forense. Por ello, reclaman que estos casos se gestionen por el procedimiento de diligencias previas para garantizar una aplicación justa de las penas y las indemnizaciones. Ante un escenario donde los delincuentes perciben que agredir a un agente resulta "barato" debido a las penas irrisorias y a las declaraciones de insolvencia para no pagar compensaciones, la AUGC exige urgentemente el endurecimiento de las leyes, el pleno cumplimiento de la equiparación salarial y la dotación de medios modernos, como pistolas Táser y cámaras corporales, para proteger a quienes velan por la seguridad de todos los onubenses