Verónica Rodríguez y su pareja, Carmelo Pérez, perdieron a su tercer hijo durante el tercer mes de gestación en abril de 2018. Consideran que no se trató de un aborto natural, por lo que presentaron una denuncia contra el médico de cabecera que la atendió en el centro de salud del Molino de la Vega de la capital "por negligencia grave".

En dicha denuncia, a la que ha tenido acceso en exclusiva Huelva Información, se detalla que en febrero de hace dos años el doctor denunciado anunció a Verónica que estaba embarazada de unas cuatro semanas, "aunque antes me había dicho que era estéril pese a que ya tenemos dos hijos de 13 y 16 años", apunta la onubense a este periódico. No obstante, el facultativo le realizó "las oportunas recomendaciones médicas para los estados de gestación".

Hasta ese momento, se dice en la denuncia, "todo estaba correcto según el médico". Sin embargo, tal y como ha podido comprobar este diario analizando uno de los informes médicos aportados por la víctima y realizado cuando estaba embarazada en 2018, su nivel de progesterona era entonces de 0,13.

En otro análisis más reciente (Verónica está actualmente en estado de gestación de nuevo), concretamente de diciembre de 2019, esta hormona sexual que segregan el ovario femenino y la placenta –y que tiene la función de preparar el útero para la recepción del huevo fecundado– estaba a un nivel de 20,63.

Esta diferencia abismal entre un embarazo y otro en los índices de progesterona radica en que "mi médico no me recetó la medicación que necesitaba" para normalizar los niveles. En la denuncia se indica que, "a consecuencia de la falta de esa hormona, sufre la pérdida del feto dentro de las primeras doce semanas de gestación, habiendo recabado información médica que demuestra que la falta de progesterona provoca directamente la pérdida del feto".

El 3 de abril de 23018 la joven acudió al ambulatorio porque sufría "irregularidades y molestias en general, acompañado de secreción vaginal marronácea, acudiendo también a los servicios de Urgencias del hospital Juan Ramón Jiménez", consta en la denuncia.

Una vez examinada, se le comunicó el 10 de abril "que el embarazo había sido interrumpido, habiendo sufrido un aborto a consecuencia de anomalías físicas, al tener los niveles de progesterona muy por debajo de lo normal", se refiere en la delación dirigida al Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, de guardia en aquellos días.

En este sentido, se abunda en que lo habitual ante un caso como el de Verónica Rodríguez sería "que se hubiese recetado, sobre todo en periodo de gestación, tratamiento médico de hormonación para adecuar los niveles de progesterona del cuerpo de la gestante a la normalidad".

La pareja interpuso una reclamación en el centro de salud del Molino, "habiendo recibido respuesta lamentando lo ocurrido pero exculpando al profesional por el proceso que se ha seguido desde el positivo en gestación hasta la fecha de interrupción del mismo".

Los damnificados han aportado a la causa una grabación telefónica "con el propio médico de cabecera donde este reconoce los hechos y el motivo del aborto, que no es otro que el bajo nivel de progesterona y que debió ser medicada", recalca el abogado de la víctima en la denuncia. Por ello considera que se ha cometido una "grave negligencia profesional, ya que la prueba analítica practicada lo manifestaba: no se procedió correctamente con la paciente".

El marido de Verónica, Carmelo Pérez, expresa a este diario que "es una pena porque mi niño podría tener ahora dos añitos". La pérdida del feto hace dos años mermó la salud de la mujer: "Si hubiera tenido ese tratamiento, el embarazo hubiera seguido para adelante; lo pasé fatal, cogí depresión y todo", recuerda apesadumbrada.

Hace aproximadamente seis meses le realizó el pertinente examen forense una facultativa del Instituto de Medicina Legal de Huelva, "pero todavía no tenemos el resultado y nuestro abogado ha hecho ya cuatro peticiones al juzgado, porque no es normal que tarde tanto".

Por eso se han decidido a hablar con este diario, para ver si dándole visibilidad a su caso se acelera el procedimiento. "Esto es una negligencia cien por cien", subraya Rodríguez mientras su compañero anuncia que "vamos a llevar esto también ante el Defensor del Pueblo".