El Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (Sgpma) a la prisión, ubicado en el Centro de Inserción Social (CIS) David Beltrán de la capital onubense, recibió entre enero y septiembre del año pasado 1.050 mandamientos judiciales con estas medidas que evitan que los condenados pasen por la cárcel, siempre a cambio de que presten servicios útiles a la sociedad o arrancándoles el compromiso de no volver a delinquir.

Así consta en la estadística de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, analizada por Huelva Información. El infractor, en definitiva, sigue en libertad y cumple su pena sometido a obligaciones que debe cumplir si no quiere pasarse le condena entre rejas. Para ello, se establecen varias modalidades de pena alternativa. Las más frecuentes y voluminosas son los conocidos como trabajos en beneficio de la comunidad, que en el Huelva protagonizaron durante los tres primeros trimestres del pasado ejercicio 712 mandamientos judiciales, el 67,8% del total.

Estos trabajos, que no se pueden imponer sin el consentimiento del infractor, lo obligan a prestar algún servicio no remunerado en actividades de titularidad pública, tal y como detalla Instituciones Penitenciarias. Suelen tener algún tipo de relación con los delitos cometidos, de modo que el condenado pueda reparar el daño que ha causado prestando apoyo o asistencia a las víctimas, pero esta medida también puede incluir la participación del delincuente en programas formativos o de reeducación.

En la provincia, el grueso de esas labores comunitarias tiene que ver con la seguridad vial. Concretamente, los mandamientos recibidos por el Sgpam del CIS se elevaron a 406 en los primeros tres cuartos de 2019, el 57% del total, 67 de ellos entre el 1 de julio el el 30 de septiembre.

Por orden de relevancia, en el segundo lugar se ubican las condenas por violencia machista: un total de 232 autores de estos delitos fueron castigados con la realización de trabajos comunitarios, prácticamente un tercio del total.

Menor entidad tienen, como puede observarse en la estadística de la Administración Penitenciaria, otros delitos como los de lesiones o los patrimoniales, que dejaron 47 (6,6%) y 24 (3,4%) órdenes judiciales de cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad, respectivamente.

Los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias también se centran en las suspensiones de condenas, es decir, la inaplicación de una pena privativa de libertad –otorgada por un juez– que depende de las características del delincuente y de la infracción, y que significa la obligación de no volver a infringir la ley en un plazo de entre dos y cinco años.

En este caso, hubo 121 mandamientos judiciales de suspensión de condena, el 11,5% del global de enero a fin de septiembre. A veces estas suspensiones también conllevan la obligación de que el penado participe en programas de intervención, del que se ocupa la institución carcelaria.

Varias personas realizan trabajos en beneficio de la comunidad limpiando una vereda.