incendio de moguer | vista de apelación

La defensa de la carbonera afirma que los dueños son "cabezas de turco"

  • La letrada habla de "manipulación" y "ocultación de pruebas" y estima que la jueza debe imputar a "más instituciones"

El Seprona de Doñana inspecciona el camping Doñana, muy afectado por el fuego del pasado verano. El Seprona de Doñana inspecciona el camping Doñana, muy afectado por el fuego del pasado verano.

El Seprona de Doñana inspecciona el camping Doñana, muy afectado por el fuego del pasado verano. / canterla

La Sección Primera de la Audiencia de Huelva atendió ayer en una vista de apelación varios recursos de la defensa de dos de los tres investigados por el incendio de Moguer, que el pasado verano arrasó casi diez mil hectáreas en el entorno de Doñana. Carmen Ruiz, representante legal de los dos principales responsables de la empresa Carbones Fergón (a los que se les imputa inicialmente un delito de incendio forestal imprudente), considera que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva de sus clientes, el administrador único y su colaborador en funciones de dirección en la carbonera.

Ante el tribunal presidido por Antonio Pontón la letrada señaló que se ha señalado a los dueños de la compañía "como cabezas de turco". De los autos dictados por las juezas que han dirigido la investigación desde el Instrucción 2 de Moguer (primero una sustituta y luego la titular), remarcó que "estamos ante una apariencia de indicios de criminalidad".

Es muy grave acusar a funcionarios públicos especializados de que se han ocultado cosas"

Entiende la letrada que en la "debilidad" de los indicios que fundamentan sus recursos de apelación "está lo que se ve claramente reflejado en todos los documentos que constituyen la investigación oficial: un cierto control, una interpretación o relación a veces torticera e interesada tanto en los informes del Seprona y de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIFF) como en el material probatorio existente, tanto que podría incluso calificarse de cierta manipulación". En ese sentido, agregó, "no tenemos que olvidar que la Consejería de Medio Ambiente en este procedimiento es un organismo interesado".

Refirió al respecto, por ejemplo, que los agentes que figuran en las diligencias son siempre los mismos, que existe "una limitación a los investigados a permitirles el acceso al material probatorio de las llamadas al 112" o de las fotografías aéreas realizadas, "que han sido ocultadas", lo que a su juicio es "una cierta manipulación de los elementos probatorios". Además, Ruiz destacó la "falta de rigor científico" y la "insostenibilidad del informe de la BIFF" y defendió que la empresa carbonera tenía en regla su propio sistema de extinción de incendios, que calificó como "un gran arsenal".

La fianza de 73,2 millones de euros impuesta por la instructora de la causa a Carbones Fergón es, a su parecer, "excesiva, desproporcionada", y mostró su malestar por que esta cuantía se exija sólo a dos de los tres investigados.

La abogada entiende que "debería haber más instituciones implicadas, todos aquellos que, de alguna manera, han proporcionado una vía para que el incendio se expanda mucho más de lo que se debería haber expandido". Por todo ello solicitó a la Sala la estimación de los recursos.

El fiscal delegado de Medio Ambiente, Alfredo Flores, fue contundente en su exposición: "Centrémonos un poco: incendio de nivel 1, carreteras cortadas, 2.500 personas desalojadas, intervención de la Unidad Militar de Emergencias, 30 medios aéreos, casi 10.000 hectáreas de cuatro espacios protegidos afectadas, más de 73 millones de daños". Dejó claro a la letrada que la Consejería de Medio Ambiente "defiende a la sociedad; lo que se ha quemado es de todos y no hay ninguna parte interesada".

Flores sentenció que no se quemaron más hectáreas porque "700 personas se jugaron la vida; si alguien visita el camping Doñana entiende que sólo un milagro, unido a ese esfuerzo del personal de extinción, determinó que no haya ni una sola víctima, ni un herido". Defendió con arrestos que "un incendio de esas características, iniciado por la noche (el 24 de junio de 2017) cuando no se pueden utilizar medios aéreos; un incendio de copa, no de suelo por muy limpio que hubiera estado, no se puede extinguir más que cuando se extinguió".

Con más contundencia si cabe se dirigió a la defensa para poner de manifiesto que "no hay una concurrencia ni mucho menos una ocultación; es muy grave acusar a funcionarios públicos especializados, que aportan una investigación. No se puede decir que se ha manipulado, que se han ocultado cosas. ¿Que se han ocultado fotografías? Están en las actuaciones".

Sobre la fianza de 73,2 millones de euros, el Ministerio Público recordó que esa fue la estimación provisional de los daños causados y que atiende a la necesidad de garantizar desde el inicio que los perjudicados sean indemnizados por la empresa. Que el tercer investigado no tenga que hacerse cargo de ella atiende a que "es un mero trabajador" y no un directivo de la mercantil. "Aquí no se está asfixiando a nadie".

Los autos del Juzgado 2 de Moguer "están motivados, son razonables", subrayó Alfredo Flores. Es más, no se ha producido a su juicio "ninguna vulneración, ningún perjuicio irrazonable o arbitrario", puesto que la investigación tiene su base en las periciales realizadas por los efectivos de la BIFF y de la Guardia Civil, que "son funcionarios públicos que no tienen ningún interés particular". Por contra, apuntó el fiscal, en un informe pericial de la defensa que concluye que el origen del fuego estuvo fuera de las instalaciones de la empresa y que fue intencionado, "según los peritos aparece un mechero, que sería una prueba clave; pues el juzgado no lo tiene, ni el Seprona ni la BIFF". Por todo interesó la desestimación de los recursos.

La letrada de la Junta de Andalucía se adhirió a los argumentos del Ministerio Público. Evidenció que "había ausencia de cortafuegos en el perímetro de cada horno de Carbones Fergón y sería una negligencia que siguiera con la actividad empresarial".

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