El juez declara a la Junta responsable civil subsidiaria en la causa sobre la formación

La investigación del presunto fraude en las ayudas a los cursos de formación ha dado un nuevo giro clave. El Juzgado de Instrucción número 5, que se encarga de la causa en la provincia de Huelva, permitirá la personación de la Junta de Andalucía pero como responsable civil subsidiaria.

En un auto del 22 de marzo pasado, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez resuelve la petición que realizó la Junta en abril de 2015. Inicialmente se aceptó la personación, aunque no se aclaró entonces si sería en calidad de perjudicada, como acusación particular -como sucede en otros procedimientos judiciales abiertos sobre el mismo caso- o como responsable civil subsidiaria, figura que ahora se ha determinado a raíz de las declaraciones que prestaron el pasado 10 de marzo los cuatro últimos detenidos por la Policía Nacional en el marco de la operación Eduende.

Entre estos figuran Eduardo Muñoz, por sus funciones como director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); José Martínez Iglesias, como secretario general del SAE; y Manuel María Velázquez, como jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua. Junto a ellos, José Ángel Gil Flores, jefe de servicio de Formación entre 2001 y 2013, que ayer, precisamente, compareció ante la comisión del Parlamento de Andalucía que investiga los cursos de formación.

Aunque estas cuatro personas aún no han prestado declaración en sede judicial, el instructor ha decidido que la Junta se persone como responsable civil subsidiaria en base al atestado policial en el que se pone de manifiesto que existen indicios de infracción penal de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, según adelantó ayer la Cadena Ser.

Esta condición de la Administración, además, implicaría que en un futuro se le podría condenar al pago del dinero defraudado.

Al margen de estos últimos detenidos, desde hace meses están declarando en sede judicial por esta causa alrededor de un centenar de investigados, todos ellos dueños o representantes legales de las 29 empresas que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desde septiembre de 2014 bajo petición de este juzgado.

La declaración de los cuatro últimos investigados ante la Policía Nacional se produjo sólo tres días después de que compareciera en la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz el interventor provincial de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, quien atribuyó a los jefes de servicio y de departamento, además de al director provincial del SAE, cierta "relajación" en los mecanismos de control de las subvenciones.

El ex jefe de servicio de Formación en la Delegación Territorial, José Ángel Gil Flores, precisamente uno de los apuntados directamente por el interventor e investigado posteriormente por la Policía, pasó ayer por el Parlamento para dar su versión de los hechos.

Desde un primer momento trató de eludir una valoración de la declaración de García Bermúdez del pasado día 7, pero finalmente no evitó pronunciarse sobre la consideración del interventor de que existió un menoscabo de fondos públicos en la concesión de ayudas a la formación, que consideró un "juicio temerario".

"¿Cómo puede asegurar cualquiera de nosotros que hubo menoscabo, cuando la competencia para determinarlo está muy por encima, creo que en el Tribunal de Cuentas?", apuntó José Ángel Gil. "No entiendo cómo se atreve a asegurar que hubo menoscabo. Me parece un juicio temerario. No puedo ser más claro".

Aunque reiteró que no pretendía basar su comparecencia en la declaración anterior del interventor, el exjefe de servicio de Formación en Huelva empleó gran parte de su exposición inicial para rebatir los "supuestos incumplimientos" mencionados en el informe especial de Intervención, que, subrayó, fiscalizó y dio conformidad a todos los expedientes "tanto en su fase de concesión como en la de pago y, en su caso, en la de justificación", además, señaló, "por el mismo interventor provincial que realizó el informe especial, Miguel Ángel García Bermúdez".

Tampoco eludió las referencias al mismo al recordar que ha sido el único interventor andaluz que ha señalado directamente a un jefe de servicio como responsable de irregularidades en la gestión. Gil Flores negó que éstas se hubieran producido, y también rechazó que, como sugirió García Bermúdez, se produjera una relajación de los funcionarios en el control de las subvenciones. E hizo un alegato para defender su honestidad: "Durante toda mi vida laboral creo que he mantenido una conducta intachable. He desarrollado mis funciones cumpliendo estrictamente las normas a las que he estado sometido y he sido siempre honrado e imparcial".

"Se demostrará en su día, en esta Cámara o donde sea, que no hay esa serie de anomalías que el interventor apunta", añadió Gil Flores, ex concejal con el PP en Moguer, aunque "independiente", según él mismo matizó.

Pese a la autodefensa de su conducta profesional, José Ángel Gil Flores sí reconoció que se actuó al margen de la legalidad con la ampliación de los plazos de ejecución, asumidos, "no sé por cuánto tiempo", por la comisión mixta, "ocurrido por la inercia de venir haciéndolo antes así". "Es culpa mía, lo asumo, pero no ha dañado a nadie", dijo el exjefe de servicio, descargando de responsabilidad al director provincial, competente para las resoluciones de prórroga: "Sólo podía saberlo si yo le hubiera pasado la propuesta".

Una vez más volvió Gil Flores a la evaluación del interventor para negar que hubiera riesgo de prescripción de los expedientes. Aseguró que en sus 12 años en la jefatura "nunca dejamos de tramitar ningún expediente de reintegro y puedo afirmar que no prescribió ni uno solo". "Ahora tampoco ha prescrito ninguno. Sin saberlo no tengo más remedio que estar seguro", dijo antes de meterse en un charco: "Es casi imposible que prescriba un expediente, a menos que se esconda para que nadie lo vea".

"¿Quiere decir que se esconden expedientes para que prescriban?", le preguntó el diputado de Podemos Jesús Romero. Y reculó: "No, no. No he dicho eso. Es un ejemplo que he puesto. Ha sido un mal ejemplo".