Los datos confidenciales de presos de la vieja cárcel, al alcance de todos

Cualquiera puede entrar en la vieja prisión y cualquiera puede tener acceso a ellos. Cientos de documentos con información personal de antiguos reclusos permanecen en el interior del centro penitenciario abandonado de Isla Chica. Están esparcidos por el suelo, sin custodia alguna, olvidados ocho años después de cerrarse las instalaciones. Toda esa documentación interna no fue trasladada ni destruida y sigue en un edificio en estado ruinoso, con libre acceso desde hace años para cualquiera que se aventure a entrar por muchas de las aperturas que hay a la calle. Hace una semana, el Ayuntamiento anunció que en unos días clausurará de oficio el edificio tras instar para ello al Ministerio de Hacienda, su propietario. Pero, mientras, los documentos están abandonados y al descubierto.

Los papeles están tirados en el suelo entre cristales y escombros, en una zona que, al menos inicialmente, no estaba concebida para el depósito de documentos. Hay archivadores, carpetas y, sobre todo, papeles sueltos, con claros signos de haber sido manipulados y pisoteados, incluso quemados. Muchos de ellos están deteriorados, pero la práctica totalidad es perfectamente legible, dejando al alcance de quienes accedan a ellos los datos personales de cientos de reclusos que pasaron alguna vez por el centro durante sus últimas dos décadas de funcionamiento.

Lo más llamativo, precisamente, es el archivo de internos que está sin custodia. Las fichas de los presos reflejan todos los datos personales: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección y, aunque no en todos los casos, fotografía y huella dactilar.

Además, los datos incluyen los procesos judiciales que llevaron a su internamiento, con el número de causa, el juzgado que la llevó, el delito por el que fueron condenados, además de las fechas de alta y baja en el centro penitenciario y el motivo de su salida del mismo.

Hay fichas de presos que pasaron por la prisión provincial de Huelva en los años 80 y 90, en estancias breves, a veces con traslados a otros centros, y con delitos distintos a su cargo: asesinato, tráfico de drogas, robo, estafa, amenazas...

También se pueden encontrar escritos de servicio interno, como los permisos de salida que firmaban los presos, con registro de huella dactilar también, para asumir la obligación de volver al centro.

Al igual que las fichas de presos, abundan los controles internos realizados por los funcionarios, con los recuentos diarios, a distintas horas, recopilando las estancias, altas y bajas en todos los módulos, así como en la sección abierta y en la enfermería. En uno de ellos, firmado por el jefe de servicio el 13 de abril de 1996 a las 14:00, recoge un total de 392 internos, 356 presentes en el centro, 35 de permiso y uno ausente por diligencias.

No hay explicación a la permanencia de estos documentos en una prisión cerrada y en ruinas. Huelva Información se puso ayer en contacto con Instituciones Penitenciarias para preguntar por las causas del abandono de este archivo, sin que haya recibido hasta ahora una respuesta que justifique una situación que vulnera la legislación de protección de datos.

En unos días se procederá a la clausura del edificio. El Ayuntamiento todavía no ha hecho público qué día empezará los trabajos de saneamiento y cerramiento del edificio, tras anunciar la semana pasada que actuará de oficio por no cumplir su mandato el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, propietario del inmueble a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Pero nada se sabe del destino que tendrán los documentos que siguen en el edificio, si seguirán allí, olvidados como hasta ahora, o serán trasladados o destruidos.

La antigua prisión provincial de Huelva dejó de funcionar como tal en 1996, cuando se pusieron en marcha las modernas instalaciones del centro de La Ribera.

Hasta 2008, cuando cerró sus puertas definitivamente, fue durante casi doce años un centro de reclusos en tercer grado. En ese tiempo, la mayor parte de las instalaciones permanecieron cerradas, quedando reducido su uso a una zona más acotada, para un pequeño número de presos de régimen abierto que acudía allí cada noche para dormir.

Tras el cierre llegaron las disputas políticas por el cambio de titularidad del inmueble para integrarlo como patrimonio a la ciudad. Antes, en 2005, se dio un paso con la instalación de una placa en homenaje a los presos represaliados en la cárcel de Huelva durante la dictadura franquista, sobre todo por su condición de homosexuales. La entonces directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, fue la encargada de hacer los honores.

Y en diciembre de 2013 la Junta de Andalucía le dio la teórica protección que le otorga su declaración como Lugar de Memoria Histórica, aunque ya para entonces, al margen de una nueva placa que fue colocada ante la fachada, el edificio estaba en declive.

Los vecinos de los alrededores aseguran que el rodaje de la película La voz dormida en la primavera de 2011 llamó la atención por el inmueble. A partir de entonces, aseguran, empezaron los robos, los actos vandálicos y los destrozos hasta dejar el edificio en un estado aparentemente ruinoso. Ni los tímidos intentos de recuperación como centro social comunitario hace dos años libraron al lugar del abandono. Poco queda ya en pie de la vieja prisión. Apenas permanecen los documentos.