Una constructora es la propietaria mayoritaria de los terrenos expoliados

El grupo Bekinsa, cuya actividad principal consiste en la promoción y construcción de viviendas, es el propietario mayoritario de los terrenos afectados por el movimiento de tierras en el yacimiento arqueológico de La Orden-Seminario destinado al relleno de la futura estación del AVE que en estos momentos construye la Administración central.

Fuentes de la Gerencia de Urbanismo precisaron ayer a Huelva Información que tres de las cuatro parcelas afectadas por la actuación -denunciada al Seprona por el arqueólogo Diego González Batanero, responsable de una de las excavaciones realizadas en este sector- corresponden a la citada constructora, si bien la inmobiliaria Altamira es propietaria de otra. Desde Bekinsa en Sevilla negaron que la agencia inmobiliaria sea propietaria de los terrenos, mientras que fuentes de la empresa en Huelva rehusaron ofrecer información sobre el asunto al asegurar que desconocen lo que ha podido ocurrir.

La actuación de la maquinaria pesada se produjo en Navidades en uno de los tres planes parciales que permanecen sin construir en el Sector B-3 de la Zona Arqueológica de Huelva (bajo esta denominación quedó inscrito el yacimiento Santa Marta-La Orden, también conocido como Seminario, en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz).

El central está dividido en cinco parcelas, de las que han resultado afectadas cuatro: las denominadas 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4. En las tres últimas, según confirmó González Batanero, ya se realizaron años atrás distintas intervenciones arqueológicas, con sus correspondientes evaluaciones. La 8.1, en cambio, permanecía sin tocar (estaba pendiente de la correspondiente excavación arqueológica) y podría contar con un buen número de restos, según señaló el responsable de la empresa Ánfora.

Los restos arqueológicos de Santa Marta-La Orden, hoy expoliado, situaron a Huelva como la ciudad más antigua de Occidente, toda vez que han constatado la existencia de un asentamiento poblacional continuado en la zona desde finales del IV Milenio antes de Cristo, con vestigios prehistóricos desde el Neolítico hasta la actualidad e importantes referencias de la época tartésica, romana, visigoda y musulmana.

En 2005, cuando estaba pendiente de urbanizarse el terreno, se creó una junta de compensación. La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) poseía el 30% del terreno, el Ayuntamiento de Huelva el 50% y el resto pertenecía a pequeños propietarios. Posteriormente, una vez urbanizado y parcelado el terreno, de disolvió la junta.

Fuentes de Adif se reafirmaron ayer en las declaraciones que ya ofrecieron a este periódico el pasado sábado, cuando aseguraron que no existe relación directa entre este terreno y las obras de la estación del AVE. Según explicaron, (hasta el día de ayer) no les consta denuncia ni actuación de ningún tipo, si bien dejaron claro que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ofrece toda su colaboración a la administración competente en caso de que necesite información o cualquier otra cosa.

Por su parte, la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, advirtió de que "se aplicará" la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que "nos da potestad sancionadora", asegurando que su departamento está al tanto de lo ocurrido. Según explicó, de todas la actuaciones policiales que se están llevando a cabo sobre los hechos, por parte de la Consejería de Cultura, la Ley de Patrimonio "les da potestad y facultad sancionadora", por lo que "se actuará conforme a esta ley". De este modo, aunque Aguilar apuntó que "no van a interferir en la investigación y las actuaciones que se están llevando a cabo", dejó claro que "sí van a actuar y tendrán de manera pormenoriza todos los datos de lo que ha ocurrido en función de todas las actuaciones que llevan a cabo por una parte la acción judicial y por otra parte el Ayuntamiento de Huelva". "Con el conocimiento pormenorizado de todo, aplicaremos la Ley de Patrimonio", insistió de nuevo la consejera de Cultura.

El Ayuntamiento también se pronunció sobre lo ocurrido. El portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Urbanismo, Manuel Gómez, se entrevistó con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Luis Fernández Arévalo, para trasladarle "los acontecimientos tan graves que se han producido en relación con las excavaciones ilegales en el sector del Seminario". En este sentido, remarcó que "van a llegar hasta el final para depurar todas las responsabilidades".

El concejal de Urbanismo trasladó a la Fiscalía "la indignación y honda preocupación del Consistorio por el ilegitimo expolio del patrimonio de todos los onubenses, un hecho ante el cual el Consistorio no se va a quedar parado". Precisamente por ello, el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la Fiscalía y de la autoridad judicial para darle traslado de todas las acciones que, al respecto, va a llevar a cabo en el campo de su competencia.

Gómez pidió al resto de administraciones que ejerzan también sus competencias en este asunto, incidiendo en que "el Ayuntamiento, ante este ataque de las empresas privadas, va a depurar todas las responsabilidades, tanto a nivel judicial como administrativo en cualquier ámbito".

El portavoz explicó que el Ayuntamiento ya ha abierto un expediente sancionador y otro de restitución de la legalidad urbanística, y tiene constancia además que existe un atestado del Seprona y se ha abierto una investigación por parte de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.

Según indicó Gómez, "con todas estas actuaciones y documentación vamos a intentar que, en la medida de los posible, se restituya el daño causado al patrimonio de la ciudad y también que las personas o entidades responsables paguen por este expolio tan grave de nuestro patrimonio". En este sentido, y "ante la extrema gravedad de los hechos, Gómez aseguró que "reclamaremos la máxima sanción posible".

Por último, dejó claro que una vez que la Fiscalía finalice las diligencias de investigación y comunique al Consistorio que éstas se pasan al juzgado de instrucción, "el Ayuntamiento se personará en la causa, como no puede ser de otra forma, ya que como representante de los onubenses, es el principal dañado y perjudicado, por lo que llegaremos hasta el final para defender el patrimonio de todos los ciudadanos".

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ángel Sánchez, anunció que su formación presentará en el pleno del día 27 una moción para reclamar a la Junta una actuación arqueológica "urgente" en el Plan Parcial número 8 (PP-8), especialmente en la parcela que ha sido "expoliada y que estaba aún sin investigar". Además, va a solicitar la puesta en marcha por parte del Consistorio de un proyecto general de investigación que permita el estudio, el análisis, la puesta en valor y la conservación, protección y promoción del patrimonio arqueológico de todo el sector B-3. Sánchez aseguró que la Junta tiene que actuar "cuanto antes" por medio de una actividad arqueológica urgente, un procedimiento que se regula en el Reglamento de Actividades Arqueológicas de la propia Junta.